Acuña: APP no decide contrataciones en el Congreso

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, deslindó toda responsabilidad de su agrupación política en los recientes cuestionamientos por contrataciones dentro del Congreso de la República.

Esto, luego de que se conociera que tres de los seis trabajadores del Centro de Modalidades Formativas del Parlamento están afiliados a su partido.

“Por lo tanto, veo que este tipo de contrataciones nada tiene que ver con Alianza para el Progreso. Porque una vez se le activa, no lo hace solamente APP, está Puesto Popular, está Somos Perú, está Perú Libre, son cinco bancadas”, declaró César Acuña a la prensa.

El excandidato presidencial subrayó que las decisiones administrativas en el Congreso recaen en la mesa directiva, que —según indicó— está integrada por representantes de varias bancadas y no exclusivamente por su agrupación política.

Las contrataciones en cuestión

El reportaje publicado por el diario Correo reveló que, además de Yesenia Lozano Millones, jefa del Centro de Modalidades Formativas y personera legal alterna de APP, otras dos trabajadoras de dicha oficina —Ana Condezo Aguilar y Fiorela Monteza Vallejos— también están afiliadas a este partido político.

Las tres cumplen funciones técnicas y auxiliares en esta área creada para gestionar prácticas preprofesionales y profesionales en el Congreso, con contratos no renovables de un año.

El dato llamó la atención por la coincidencia entre la militancia partidaria y la designación en una dependencia que, si bien no es de alta dirección, forma parte de la estructura administrativa del Legislativo, actualmente presidido por Eduardo Salhuana, también integrante de APP.

Un deslinde directo

César Acuña reiteró que “el culpable no es APP” y que “los responsables de las contrataciones que se hacen a nivel del Congreso es la mesa directiva”.

Además, indicó que “no es responsable el presidente [del Congreso] que representa a un partido”.

Con estas declaraciones, Acuña buscó desligar a su organización política de cualquier cuestionamiento sobre presunto copamiento partidario en el Parlamento, remarcando que las decisiones administrativas deben ser atribuidas al órgano que rige el funcionamiento del Congreso.

La polémica sobre contrataciones continúa, mientras aún no se emite un pronunciamiento oficial desde la mesa directiva o desde la Presidencia del Congreso sobre los cuestionamientos hechos públicos.