Alva exige explicaciones por compra de armas sin municiones

La congresista María del Carmen Alva calificó como “inaudita” la supuesta compra de armas sin municiones por parte del Ministerio del Interior.

Tras el reportaje de Cuarto Poder, expresó su preocupación por el manejo de recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana, y exigió explicaciones urgentes por parte del Ejecutivo. 

“Si es cierto que hay armas sin municiones, eso es inaudito. Tendrán que explicar por qué se hizo esa compra de esa manera, cuándo llegarán las municiones o qué ha pasado ahí”, manifestó Alva, visiblemente indignada por la presunta irregularidad. 

¿Qué se sabe sobre esta compra? 

La denuncia inicial fue mencionada durante sesiones parlamentarias donde se abordó la crisis de inseguridad en el país y la falta de equipamiento adecuado para la Policía Nacional.

La compra de armamento sin su correspondiente carga de municiones ha encendido las alarmas en el Congreso, al revelar una posible falla grave en la planificación y ejecución de adquisiciones estatales. 

Aunque hasta el momento no se ha difundido un informe oficial detallado del Ministerio del Interior, el tema ha sido puesto bajo el foco de atención de las bancadas parlamentarias, quienes exigen transparencia y rendición de cuentas. 

Según expertos en gestión pública, una adquisición de armamento incompleto compromete la operatividad policial y pone en riesgo las labores de patrullaje, control y disuasión del crimen.

Para la congresista Alva, estos errores reflejan una falta de planificación y control interno en las adquisiciones estatales. “Esto no se puede permitir más. La seguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país y no se puede improvisar con decisiones tan delicadas”, advirtió Alva. 

Pide investigar

María del Carmen Alva se suma así a otros legisladores que han solicitado que la Comisión de Fiscalización y Contraloría General de la República intervengan para verificar los contratos y términos de adquisición de estas armas.

También se espera que el Ministerio del Interior emita un pronunciamiento oficial en los próximos días. Mientras tanto, el Congreso podría citar al titular del sector o a funcionarios responsables para rendir cuentas y explicar lo ocurrido.