Amoretti: Dina Boluarte incurre en falsedad por cirugías

El abogado penalista Mario Amoretti sostuvo que las recientes revelaciones del programa Cuarto Poder, donde el médico Mario Cabani confirmó que al menos cuatro de las cinco intervenciones quirúrgicas realizadas a Dina Boluarte fueron de carácter estético, podrían configurar varios delitos por parte de la mandataria. 

“La presidenta mintió en un mensaje a la Nación. Eso configura falsedad genérica”, afirmó. Según explicó, el artículo 438 del Código Penal sanciona con hasta cuatro años de prisión al funcionario público que difunde información falsa “de cualquier manera”, incluyendo comunicados públicos.

A esto se suma la posibilidad de que se haya cometido el delito de omisión de funciones, al no haber notificado su ausencia al Congreso pese a estar inhabilitada para ejercer el cargo durante los días posteriores a la operación.

“Corresponde que pida autorización o encargue la jefatura de Estado, más aún si estaba inconsciente o vendada, como señaló el médico tratante”, precisó.

Firmas falsificadas 

Respecto a los decretos supremos firmados durante su recuperación —y que aparentemente no pudo haber suscrito por estar en la clínica—, Amoretti subrayó que, si se confirma que fueron firmados por terceros o falsificados, se configuraría el delito de falsedad ideológica y suplantación de firma en documento público. La pena, indicó, oscila entre dos y diez años de cárcel. 

“Además, según testimonios, los decretos fueron firmados supuestamente en Palacio de Gobierno, cuando la presidenta no estaba allí. Eso también es falsedad”, enfatizó.

Amoretti agregó que si se confirma que Dina Boluarte retiró o sustrajo su historia clínica para evitar que sea usada como prueba en investigaciones, se trataría de encubrimiento real, penado con hasta cuatro años de prisión. “Ocultar pruebas con intención de obstruir una investigación penal es delito”, dijo.

Tribunal Constitucional no puede frenar investigaciones 

Consultado sobre el pedido del Ejecutivo al Tribunal Constitucional (TC) para impedir que la mandataria sea investigada durante su mandato, Amoretti recordó que el artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente, pero no impide investigarlo. 

“No se le puede acusar, pero sí investigar. Vizcarra fue investigado siendo presidente, también Merino. El TC no puede llegar al extremo de blindarla”, apuntó. 

Además, criticó duramente al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por respaldar el pedido del Ejecutivo. “No defiende al pueblo, defiende a la presidenta. Que haya solicitado al TC que no se le investigue es jurídicamente inaceptable”, remarcó. 

Finalmente, reveló que junto a otras figuras públicas —como Ántero Flores-Aráoz y el general José Palomino— está convocando una reunión con expertos para plantear estrategias frente al avance de la criminalidad. Esta reunión se llevará a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.