ANP rechaza proyecto del Ejecutivo que criminaliza a periodistas y fuentes por informar

El comunicado difundido por la ANP señala que la propuesta carece de sustento legal y que, en la práctica, constituye una forma de censura y persecución jurídica contra medios y profesionales que informan sobre hechos de relevancia pública
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo al proyecto presentado por el Ejecutivo que busca modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y actuaciones policiales.
Según el gremio, esta iniciativa representa un intento de criminalizar el ejercicio del periodismo y la protección de fuentes.
El comunicado difundido por la ANP señala que la propuesta carece de sustento legal y que, en la práctica, constituye una forma de censura y persecución jurídica contra medios y profesionales que informan sobre hechos de relevancia pública.
Medida se incluye en pedido de facultades legislativas
El planteamiento forma parte del proyecto de ley 1328/2024-PE, que solicita al Congreso delegar facultades legislativas al Ejecutivo en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. La iniciativa fue formulada desde el despacho presidencial.
La ANP alertó que esta disposición vulneraría derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales y la Constitución, como el derecho a la libertad de expresión, el secreto profesional y el deber de los periodistas de informar.
Periodistas advierten afectación al interés público
El gremio de periodistas advirtió que esta propuesta amenaza directamente la cobertura de casos penales que involucran a personajes relevantes del ámbito político y estatal.
Asimismo, consideró preocupante que el Ejecutivo intente restringir la publicación de hechos que conciernen al interés ciudadano bajo el argumento de reserva procesal.
La ANP recordó que medidas similares fueron promovidas durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, en contextos donde se investigaba a altos funcionarios por presuntos actos de corrupción o abuso de poder.
Libertad de prensa bajo amenaza jurídica
El comunicado subraya que el rol del periodismo es informar de manera oportuna y responsable sobre hechos que afectan a la sociedad, y que las normas propuestas generan un ambiente de amedrentamiento legal para quienes ejercen esta labor.
La Asociación reiteró su compromiso con la defensa del ejercicio periodístico y exhortó al Congreso a evaluar con criterio democrático cualquier norma que pueda limitar derechos fundamentales como la libertad de prensa y el acceso a la información.








