Aprueban informe sobre red de prostitución y contrataciones

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó con siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones el informe final sobre el caso de presunta red de prostitución e irregularidades en contrataciones laborales dentro del Parlamento.  

Esta investigación surgió a raíz de las denuncias que involucraron a Andrea Vidal y al entonces funcionario Jorge Torres Saravia. 

Si bien el informe concluye que no existen pruebas suficientes para confirmar la existencia de una red de prostitución en el Congreso, sí se detectaron múltiples irregularidades en la contratación de personal, particularmente de mujeres que no cumplían con los perfiles requeridos para ocupar cargos en la administración legislativa. 

El documento será remitido al Ministerio Público para continuar las investigaciones penales que correspondan, así como a las instancias administrativas internas del Congreso.

La comisión ha puesto especial énfasis en que estas contrataciones se dieron principalmente durante las gestiones presididas por Eduardo Salhuana y Alejandro Soto. 

La Comisión también criticó la ausencia de varios funcionarios citados, entre ellos Giovanni Forno, responsable de la implementación de los nuevos espacios del Congreso Bicameral. 

Los funcionarios argumentaron que la información solicitada había sido remitida exclusivamente a la presidencia del Congreso, lo que generó incomodidad en los parlamentarios presentes. 

Poca presencia de parlamentarios 

Solo tres congresistas asistieron presencialmente a la sesión: Elías Varas, Carlos Zeballos y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.

Esta baja asistencia ha sido constante en las sesiones de este grupo de trabajo, lo que ha motivado cuestionamientos sobre el compromiso parlamentario con las funciones de control político. 

Durante la sesión también se discutió la necesidad de mayor transparencia en los gastos vinculados a la implementación del sistema bicameral.

Los congresistas exigieron que los funcionarios rindan cuentas públicamente sobre los costos de infraestructura, equipamiento y contratación de personal en las futuras cámaras de Senadores y Diputados. 

El informe aprobado busca sentar precedentes frente al uso indebido de recursos públicos y la contratación de personal sin cumplir requisitos mínimos.  

Aunque no se confirmó la red de prostitución denunciada inicialmente, el caso abre un debate más amplio sobre la ética en la gestión de recursos humanos en el Congreso.