Boluarte pide aclaración al Tribunal Constitucional por sentencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha solicitado al Tribunal Constitucional que aclare los alcances de su reciente sentencia recaída en el expediente N.° 0152-2025, emitida el 19 de agosto. La petición fue presentada a través de su abogado Josep Campos Torres y dirigida al Pleno del tribunal.

El documento indica que la defensa legal de Boluarte tomó conocimiento de la sentencia mediante medios de comunicación y, por ello, solicita formalmente ser notificada de forma oficial, conforme al artículo 121 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Pedido de precisión sobre diligencias fiscales

La solicitud de aclaración se centra en el fundamento jurídico 129 de la sentencia, donde el Tribunal Constitucional permite a la Fiscalía de la Nación realizar ciertas diligencias en el marco de una investigación a la presidenta en funciones, bajo los límites del artículo 117 de la Constitución Política.

Entre las diligencias autorizadas, se menciona la toma de declaraciones, el reconocimiento de documentos, voces y objetos, así como pedidos de información y la entrega de pruebas documentales. La defensa de Boluarte pide que se aclare si estos actos procesales pueden repetirse o si deben realizarse una sola vez.

En concreto, la solicitud plantea que el Tribunal Constitucional precise que tanto los pedidos de información como las solicitudes de pruebas documentales solo puedan realizarse una única vez, al igual que se estipuló en la sentencia respecto a la toma de declaraciones.

Solicitud formal de notificación y aclaración

El escrito presentado ante el Tribunal Constitucional finaliza solicitando la notificación oficial de la sentencia y que se aclare expresamente que la Fiscalía está habilitada a realizar, como máximo, un solo requerimiento de información y una sola solicitud de prueba documental a la presidenta de la República en funciones.

Este pedido busca delimitar con mayor precisión las acciones permitidas a la Fiscalía dentro del  marco constitucional vigente.