Carlos Caro contra ley que sanciona penalmente a menores
En #NPortada, el abogado penalista advirtió del hacinamiento en las cárceles peruanas
El abogado penalista Carlos Caro cuestionó la ley aprobada por el Congreso que sanciona penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves.
De acuerdo con Caro, se trata de una norma inconstitucional y anticonvencional, pues en el Código Penal de 1991 se reiteró que la edad mínima era de 18 años para la sanción penal.
"Se han tenido distintos intentos de rebajar la edad incluso hasta 14. Más allá del formalismo, el problema tiene que ver con las cárceles. Lo puedes llamar delito, infracción juvenil, pero el problema está en el hacinamiento de las cárceles. Si empezamos a sancionar a menores de edad, menores de 18, ¿a dónde van a ir? Van a tenerlos que poner en las prisiones con los mayores de edad. Y eso va a generar grandes problemas criminógenos", dijo en N Portada de Canal N.
APROBADO EN SEGUNDA VOTACIÓN
El Congreso de la República aprobó, en segunda votación, la iniciativa legislativa que sanciona penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves como terrorismo, homicidio calificados, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico, violación sexual, entre otros.
Según se informó, las medidas socioeducativas (que serían como una sanción en el caso de los adultos) consideran internaciones de 6 a 8 años en caso que adolescentes sean encontrados responsables en delitos como sicariato o violación sexual de menores de edad.
Es preciso indicar que el proyecto de ley 618 buscaba modificar el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal debido a que la legislación actual establece que los jóvenes menores de 18 años están “exentos de responsabilidad penal”, es decir, que son inimputables (no sancionables ante la ley).
Entre otros actos por los que podrán recibir sanción será por la promoción, favorecimiento o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva, y tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados en algunas de sus formas agravadas.
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