Caso Dedo de Dios: Piden 11 años de prisión para exfuncionarios del MTC
El Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación por el caso Dedo de Dios, relacionado con el proyecto Interoceánica Sur, tramo 4

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó una nueva acusación fiscal en el marco del caso conocido como Dedo de Dios, vinculado al Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú–Brasil, específicamente en su tramo 4. Esta acción se enmarca dentro de la investigación de presuntos actos de colusión cometidos durante el segundo gobierno aprista.
La acusación fue formulada por la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, quien solicitó 11 años de prisión para los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): José Ortiz, Mario Arbulu y Kitty Trinidad, así como para otros involucrados en el mismo proceso penal.
Acusación fiscal se presenta ante el Poder Judicial
La representante del Ministerio Público formalizó el requerimiento acusatorio ante el Poder Judicial, como parte del proceso de control de legalidad correspondiente. Según la tesis fiscal, los imputados habrían incurrido en el delito de colusión al participar en presuntas irregularidades dentro de la ejecución del mencionado proyecto vial binacional.
El tramo 4 de la Interoceánica Sur, que conecta Perú con Brasil, ha sido objeto de diversas investigaciones relacionadas a sobrecostos, favorecimientos indebidos y contrataciones irregulares en la adjudicación de obras durante los años posteriores a su concesión.
Caso se suma a lista de acusaciones del Equipo Lava Jato
Esta es la acusación número 30 que presenta el Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar los presuntos actos de corrupción en megaproyectos de infraestructura vinculados a constructoras extranjeras. El número evidencia el avance de las investigaciones fiscales, aunque muchas de las causas aún se encuentran en etapa de control o juicio.
La acusación busca que el caso avance hacia la siguiente fase procesal, en la cual el Poder Judicial deberá evaluar la validez del requerimiento fiscal y, de ser el caso, admitir su pase a juicio oral.


