Caso VacunaGate: La historia de la importación de las dosis de Sinopharm
Fue en un grupo de trabajo que el laboratorio chino les propuso a los científicos peruanos darles dosis adicionales para el equipo de trabajo
Cuarto Poder presentó una documentación exclusiva que muestra la singular celeridad con la que se tramitaron las 3200 dosis adicionales de la vacuna china, que gatillaron el caso Vacunagate en plena pandemia.
Fue en un grupo de trabajo que el laboratorio chino les propuso a los científicos peruanos liderados por el doctor Germán Málaga darles dosis adicionales para el equipo de trabajo.
Los científicos fijaron la cifra en 800 dosis más para un universo de 400 personas, pero los representantes del Minsa y Cancillería elevaron la cifra hasta 2000.
Esto se corrobora con una carta remitida el 24 de agosto por el embajador peruano en china, Luis Quesada, al titular del conglomerado empresarial al que pertenece Sinopharm.
Según la comisión del doctor Fernando Carbone, el 24 de agosto se modificó el protocolo del ensayo clínico agregando las 3200 dosis a la investigación.
Si el INS aprobó las modificaciones al ensayo clínico, la Digemid tenía que aprobar la importación de las vacunas para el ensayo clínico. Eso también fue hecho a la velocidad del rayo.
Los voceros de Digemid no quisieron participar en la nota y señalaron que ante la aprobación del INS se trabajó el documento en paralelo.
La resolución de Digemid del 31 de agosto no solo autorizó la importación de las vacunas chinas con 3200 dosis añadidas, sino también de instrumental médico proporcionado por Sinopharm.
En su informe, el doctor Carbone concluye que los investigadores de la Cayetano no debieron incluir en el protocolo de vacunación del equipo de investigación y personal relacionado al estudio que permitió la vacunación de Martín Vizcarra y otros funcionarios.
Si el ensayo clínico de Sinopharm se hubiera quedado en la esfera de un acuerdo entre privados, sin injerencia del Estado, ¿se habría podido evitar esto? Por ahora, el expresidente y otros funcionarios enfrentan una posible inhabilitación.