Benítez no se niega a investigación por caso La Centralita

El legislador Heriberto Benítez dijo que no se niega a que la Fiscalía continúe investigándolo por el caso "La Centralita", tras asegurar que el miércoles asumirá su defensa en la sesión del pleno que debatirá un pedido para levantarle su inmunidad, pero cuestionó que en el proceso previo a esta solicitud no se haya respetado su derecho a la defensa.

En diálogo con la Agencia Andina, indicó que el Ministerio Público, que ha pedido al Poder Judicial tratamitar el levantamiento de su fuero parlamentario, no ha respetado su derecho a la defensa al no convocarlo para formular sus descargos.

Asimismo  precisó que luego de la audiencia judicial donde se argumentó esta solicitud, se añadieron elementos adicionales a las imputaciones que le formulan, sin darle tiempo para dar sus descargos sobre ello.

"Esas dos violaciones a mi derecho a la defensa harían que cualquier juez honesto declarara nulo el pedido”, indicó. 

Indicó que el lunes 19 culmina el periodo de suspensión de 120 días impuesto por el Congreso a pedido de la Comisión de Ética del Congreso, por el caso de "La Centralita", razón por la cual podrá hacer uso de la palabra en el pleno para asumir su defensa.

“El martes volveré al Parlamento, pero tengo entendido que el pedido de levantamiento de mi fuero será el único tema que el pleno verá el miércoles”, sostuvo.

Además de Heriberto Benítez, el Poder Judicial pide al Congreso levantar la inmunidad del parlamentario Víctor Crisólogo (PP). A ambos la Fiscalía atribuye vinculaciones con el accionar del ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, con prisión preventiva por casos de corrupción.

El presidente del Congreso, Luis Iberico, indicó que  el miércoles el pleno debatirá este pedido, que tiene el visto bueno de la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad del Legislativo.

Heriberto Benítez, de otro lado, consideró que la Fiscal de la Nación debería investigar al legislador Mauricio Mulder (APRA), por sus declaraciones "intimidatorias" contra los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Esta actitud “configura delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones”, argumentó.