Decisión del Tribunal Constitucional divide posturas en Congreso

El Tribunal Constitucional decidió suspender las cinco investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato en julio de 2026. La medida generó un intenso debate en el Congreso, donde legisladores expresaron posturas encontradas sobre el alcance político e institucional de la sentencia.

Mientras algunos congresistas consideran que el fallo representa un respaldo indebido a la mandataria, otros señalan que busca proteger la investidura presidencial y garantizar la estabilidad del país. Las posiciones reflejan una marcada división política en torno al rol del máximo órgano constitucional.

Congreso debate fallo del Tribunal Constitucional

El parlamentario no agrupado Edward Málaga cuestionó abiertamente la decisión, calificándola como un “fallo político” que beneficia a la mandataria. Según sostuvo, las investigaciones que se venían desarrollando estaban “plenamente justificadas” y su suspensión afecta la lucha contra la corrupción.

En contraste, legisladores de bloques de derecha defendieron la resolución. Alejandro Cavero explicó que la sentencia no se centra en la persona de Dina Boluarte, sino en la protección de la figura presidencial, con el objetivo de resguardar la investidura de quien ejerza el cargo en el futuro.

La polarización parlamentaria quedó en evidencia, pues el debate se trasladó a la interpretación del papel que cumple el Tribunal Constitucional frente a las investigaciones fiscales contra altos funcionarios del Estado.

Posturas que respaldan la decisión del Tribunal Constitucional

El congresista Alejandro Aguinaga consideró que la medida del Tribunal Constitucional es un “correctivo” frente a lo que denominó un “festival de acusaciones” contra autoridades con fuero especial. A su juicio, el Ministerio Público ha actuado de forma “inapropiada y politizada” en varios de estos procesos.

Otros parlamentarios coincidieron en que la decisión no significa impunidad, sino una suspensión temporal de los procesos hasta que la presidenta concluya su mandato. El argumento principal de este sector es que el fallo refuerza la institucionalidad del cargo presidencial.

El bloque que respalda la resolución sostiene que la sentencia preserva la estabilidad del sistema político y evita que las investigaciones interfieran con el ejercicio del poder Ejecutivo.

Reacciones críticas en el Parlamento

Desde otra posición, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética, se mostró en total desacuerdo con la suspensión de las investigaciones. Sostuvo que ninguna autoridad puede quedar al margen de las pesquisas, subrayando que todo funcionario debe responder a los órganos competentes.

En la misma línea, Alejandro Muñante advirtió que el retraso en las investigaciones podría conllevar la pérdida de pruebas relevantes, lo que dificultaría retomar los casos una vez finalizado el mandato.

El congresista Alex Paredes, de Somos Perú, planteó que la medida es coherente con lo establecido en la Constitución, aunque recordó que ello no exime a la presidenta de eventuales responsabilidades posteriores.

Impacto en la opinión pública

La decisión del Tribunal Constitucional también ha generado reacciones fuera del Parlamento. Diversos analistas y especialistas en derecho constitucional advierten que el fallo podría profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, en un contexto en el que la lucha contra la corrupción se mantiene como una de las principales demandas sociales. Para algunos sectores, la suspensión de las investigaciones envía una señal negativa de impunidad, mientras que para otros representa un mecanismo de estabilidad política frente a un escenario de alta confrontación.

La sentencia del Tribunal Constitucional no solo frena temporalmente las investigaciones contra Dina Boluarte, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate político en el Congreso. Las posturas encontradas reflejan la tensión entre el resguardo de la investidura presidencial y la exigencia de que toda autoridad responda a las investigaciones fiscales.