Chirinos propone disolver ATU y devolver funciones a municipios

La congresista Patricia Chirinos, del grupo parlamentario Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone la derogación de la Ley N.° 30900, norma que creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El objetivo, según la iniciativa, es devolver a las municipalidades provinciales de Lima y Callao las competencias de planificación, fiscalización y regulación del transporte urbano.

En la exposición de motivos, la propuesta sostiene que la ATU ha demostrado fallas estructurales y operativas, al no resolver los principales problemas del sistema, como la informalidad, la falta de integración tarifaria y operativa, y el deterioro de la infraestructura del servicio.

¿Qué deficiencias se le atribuyen a la ATU?

El documento señala que la ATU no logró consolidar un sistema de transporte eficiente e integrado. Reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría sustentan deficiencias en la fiscalización de vehículos sin revisión técnica, así como pagos indebidos con cartas fianza falsas.

También se indica que la entidad ha carecido de legitimidad y articulación con los gobiernos locales. Ejemplo de ello, según el proyecto, es la exclusión de las municipalidades en los espacios de toma de decisiones, lo que ha generado conflictos institucionales y ha debilitado la gobernanza.

¿Qué establece el mecanismo de transición propuesto?

El proyecto plantea la creación de una Comisión Técnica de Transferencia integrada por representantes del MTC, las municipalidades de Lima y Callao y la Contraloría. Tendrá un plazo de 90 días hábiles para elaborar un informe de traspaso de funciones, personal y recursos.

Asimismo, el Ministerio de Economía deberá autorizar las transferencias presupuestarias necesarias para que las municipalidades asuman plenamente las funciones de transporte. El personal técnico de la ATU podría ser reubicado tras una evaluación técnica.

¿Qué efectos tendría la derogación de la ley de la ATU?

Con la eliminación de la Ley N.° 30900, las funciones de transporte urbano volverían a estar a cargo de los gobiernos municipales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. La propuesta, según refiere el documento, no dejaría un vacío legal, sino que restablecería el esquema previo bajo el principio de subsidiariedad.

La idea de Chirinos asegura que este cambio fortalecerá la autonomía municipal, facilitará la articulación territorial y hará más eficiente el uso de los recursos públicos. También destaca experiencias exitosas de gestión local del transporte en otras ciudades latinoamericanas como Medellín, Curitiba y Quito.