Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a exministro Willy Huerta por el golpe de Estado

La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 contra el exministro del Interior, Willy Huerta Oliva, por presunta infracción a múltiples artículos de la Carta Magna. La decisión incluye su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de diez años.

La votación obtuvo 14 votos a favor y 6 en contra. La sanción se sustenta en los actos cometidos por Huerta en el contexto del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando se desempeñaba como ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo.

Exministro no ejerció defensa durante la sesión

Willy Huerta participó virtualmente de la sesión a través de la plataforma Teams, pero no hizo uso de su derecho a la defensa. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, recordó que la citación había sido reprogramada por única vez a pedido del propio denunciado. Ante su silencio, se procedió con la sustentación, el debate y la votación del informe final.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, fue la encargada de sustentar el documento, el cual detalló las acciones de Huerta en los días previos y durante el intento de golpe del 7 de diciembre.

Informe detalla reuniones y acciones previas al golpe

Según el informe, Huerta acudió al Despacho Presidencial los días 1, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2022. El día del golpe, ingresó antes del mensaje a la nación y permaneció en Palacio tras su emisión.

Desde ese lugar habría facilitado comunicaciones del expresidente con el entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para ejecutar el cierre del Congreso y la intervención del Ministerio Público.

También habría transmitido órdenes para reforzar la seguridad en los domicilios de los padres de Pedro Castillo, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres. Posteriormente, Huerta presentó su renuncia al cargo a las 13:31 del mismo día.

Fundamentos constitucionales de la inhabilitación

El informe aprobado señala que el exministro no actuó en defensa del orden constitucional. Por el contrario, facilitó medidas que vulneraron la Carta Magna. No se trata de una acusación penal, sino de una sanción política, basada en el artículo 100 de la Constitución, que faculta al Congreso a inhabilitar hasta por diez años a altos funcionarios por infracción constitucional.

Entre los artículos vulnerados figuran los relacionados con la defensa del Estado de Derecho, la función pública, la jerarquía normativa y la estructura del Poder Judicial. Por la gravedad de los hechos, se determinó imponer la máxima sanción prevista.