Congresistas critican suspensión minera tras masacre en Pataz

Los congresistas Luis Aragón (Acción Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) se pronunciaron sobre las recientes medidas del Ejecutivo tras la masacre de trece trabajadores mineros en Pataz, La Libertad.

Ambos parlamentarios cuestionaron la suspensión general de las actividades mineras en la zona, así como la efectividad del estado de emergencia y la intervención de las Fuerzas Armadas. 

Para Luis Aragón, si bien en su momento respaldó el proceso de formalización minera conocido como Reinfo, ahora considera que ha llegado a un punto de fracaso evidente.

“Apoyamos el Reinfo porque fue un acuerdo de bancada y de muchas bancadas, pero hoy ya no debe ampliarse más. De ochenta y siete mil inscritos, apenas dos mil se han acogido realmente al proceso de formalización”, explicó.

En ese sentido, indicó que el registro ha servido también como refugio para actores vinculados a la minería ilegal y al crimen organizado. 

Aragón también señaló que la responsabilidad de esta situación recae en parte en el Ejecutivo, por no presentar oportunamente el proyecto de Ley MAPE que debía acompañar al Reinfo.

“La ley se debió presentar en junio o julio del año pasado, pero recién la llevaron al Congreso en noviembre, cuando ya era muy tarde para debatirla y aprobarla”, sostuvo.

Por su parte, Fernando Rospigliosi se mostró tajante al rechazar la decisión del gobierno de suspender tanto actividades legales como ilegales.

“Es absurdo que se prohíba el funcionamiento de mineras legales, poniéndolas al mismo nivel que las ilegales. No tiene sentido. ¿Qué pretende el gobierno con eso?”, cuestionó. 

El parlamentario también calificó las decisiones del Ejecutivo como “medidas efectistas” que no responden a un plan integral de seguridad.

“Ya hemos visto estados de emergencia en Lima que no funcionaron. Se pone toque de queda, se entrega el control a las Fuerzas Armadas, pero sin un plan estructurado nada va a cambiar. Ojalá funcione esta vez, pero tengo muchas dudas”, agregó.

Ambos congresistas coincidieron en que es urgente combatir la minería ilegal y el crimen organizado en zonas como Pataz, pero subrayaron la necesidad de diferenciar entre quienes operan dentro del marco legal y quienes no.

En ese contexto, hicieron un llamado al Ejecutivo para que priorice la presentación de políticas públicas serias, con respaldo técnico, en lugar de reacciones inmediatas frente a tragedias.