Congresistas exigen transparencia sobre sueldo de Dina Boluarte

Los congresistas Alejandro Aguinaga y Patricia Chirinos alzaron su voz en contra de la reserva del sueldo de la presidenta Dina Boluarte. 

En declaraciones a la prensa, ambos legisladores subrayaron que al tratarse de recursos públicos, no puede haber secreto alguno.

Aguinaga fue enfático al declarar que, cuando se trata de fondos del Estado, “no hay reserva para nadie”. Calificó de “equivocación” la actitud del presidente del Consejo de Ministros al justificar la confidencialidad de este tema. “Lo que debe haber es transparencia”, recalcó.

Asimismo, recordó que la legislación vigente permite solicitar esta información mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluso recurriendo a acciones judiciales como el hábeas data.

Comparación con el caso Odebrecht: una advertencia del pasado

Ambos congresistas recordaron el precedente del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht, cuyo contenido fue inicialmente clasificado como secreto. Gracias a la presión social y legal, se logró acceder a ese documento tras una acción de hábeas data.

Aguinaga sostuvo que este ejemplo demuestra cómo el secretismo puede ocultar actos de encubrimiento y corrupción. "Querían permanecer en secreto para que no descubramos todo el encubrimiento que han hecho", dijo en referencia a las decisiones adoptadas por fiscales y autoridades anteriores.

Patricia Chirinos, por su parte, advirtió que no se puede permitir que episodios similares se repitan en el manejo de la información pública. “Esa complicidad no debe existir en el país”, señaló con firmeza.

La remuneración presidencial no es asunto privado ni de seguridad nacional

Los legisladores fueron categóricos al rechazar la idea de que la remuneración de la presidenta pueda considerarse un asunto de índole privada o de seguridad nacional. Para Chirinos, el pueblo tiene derecho a saber cuánto gana su mandataria.

Aguinaga añadió que “un tema secreto puede ser privado o de seguridad nacional cuando el Perú está en peligro”, pero no cuando se trata del uso de fondos públicos para pagar el salario presidencial.

Ambos parlamentarios coincidieron en que el gobierno tiene la obligación de entregar esta información de forma clara y directa, sin evadir el control público.