Congreso admite denuncia contra Junta de Fiscales Supremos
El informe de calificación fue aprobado con mayoría en la subcomisión. Además se rechazó acusación contra la JNJ y se admitió denuncia contra Pablo Sánchez.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este lunes 1 de julio el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional N.° 607 contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos. La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
La acusación fue presentada por congresistas de Renovación Popular, entre ellos Norma Yarrow, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia y Diego Bazán, y se sustenta en la presunta infracción de varios artículos de la Constitución, así como en supuestos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad. El punto central de la denuncia es el presunto incumplimiento de la resolución judicial que ordenaba restituir a Patricia Benavides en su cargo de fiscal suprema.
Acusación apunta a desobediencia de fallo judicial
Los legisladores denunciantes argumentaron que los fiscales supremos incurrieron en responsabilidad al no acatar de inmediato la resolución emitida en mayo de 2025, que declaraba nulo el acto administrativo por el cual se suspendió a Patricia Benavides de sus funciones.
En lo referido al presunto delito de usurpación de funciones, la subcomisión resolvió su improcedencia, al considerar que los hechos no configuraban un delito de función conforme al marco penal vigente.
Según el informe aprobado, la Fiscalía de la Nación y los demás miembros de la Junta de Fiscales habrían incurrido en omisión de funciones al no disponer la inmediata reincorporación de Benavides pese a lo ordenado judicialmente. La Subcomisión consideró que este comportamiento debe ser evaluado a nivel constitucional.
Rechazan denuncia contra la JNJ por caso de avocamiento ilegal
En contraste, el mismo grupo de trabajo rechazó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 604, presentada por el congresista Elías Varas (Perú Bicentenario), que planteaba investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta infracción a la Constitución, usurpación de funciones y avocamiento ilegal.
Con solo cuatro votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones, la propuesta fue archivada. El caso también estaba vinculado al proceso de restitución de Patricia Benavides, pero los votos no alcanzaron para admitir el trámite.
La acusación sostenía que la JNJ no tenía competencia para pronunciarse sobre la designación del fiscal de la Nación mientras existía una acción de amparo pendiente, lo que habría implicado una intromisión en otro proceso legal. Sin embargo, la mayoría parlamentaria consideró que no existían elementos suficientes para procesar constitucionalmente a los magistrados de la JNJ.
También se admite denuncia contra Pablo Sánchez
En la misma sesión, la Subcomisión aprobó con 15 votos a favor y dos en contra el informe que admite a trámite la denuncia constitucional N.° 574 contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.
La acusación lo sindica por presunta infracción constitucional y por los delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
El informe sostiene que Sánchez habría intervenido en la búsqueda de un archivo favorable en una investigación en su contra, supuestamente con el respaldo de Delia Espinoza y otros funcionarios. Este hecho será evaluado en el procedimiento correspondiente ante la Comisión Permanente.
¿Qué pasó con Patricia Benavides?
El pasado 26 de junio, el Poder Judicial dispuso la suspensión temporal en el cargo como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación de Patricia Benavides Vargas, por el plazo de 24 meses.
Esta resolución impide su retorno inmediato al cargo, incluso en contraposición a lo dictado recientemente por la Junta Nacional de Justicia, que había ordenado su reposición como Fiscal de la Nación, solicitando incluso el uso de la fuerza pública para ejecutarla.
Según la resolución, Benavides es investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado. Estos hechos se habrían cometido en el ejercicio de su función como titular del Ministerio Público, lo que agrava el contexto legal en el que se encuentra.
El juez que resolvió la medida destacó que los hechos atribuidos revisten una gravedad que amerita la aplicación de una suspensión en el ejercicio de la función fiscal. Si bien el Ministerio Público había solicitado una suspensión de 36 meses, el Poder Judicial consideró justificada una medida de 24 meses.
Esta decisión judicial contrasta directamente con la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenaba su reposición inmediata. Dicha entidad incluso planteó el uso de la fuerza pública para ejecutar su medida, lo que generó un ambiente de tensión institucional sin precedentes.
Sin embargo, la suspensión judicial prevalece por tratarse de una resolución vinculada a una investigación penal en curso, lo que legalmente impide que Patricia Benavides retorne a su cargo mientras dure la medida.
Por ahora, queda suspendida tanto como fiscal suprema titular como Fiscal de la Nación, en el marco de una medida de coerción procesal que prioriza la protección de la legalidad institucional.
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