Contraloría detecta deficiencias en control a organizaciones

La Contraloría General de la República advirtió graves deficiencias en los procedimientos de fiscalización de las afiliaciones a organizaciones políticas, revelando que múltiples ciudadanos fueron incorporados sin su consentimiento, una situación que compromete la transparencia del sistema electoral peruano. 

Según el Informe de Control N.º 005-2025 emitido el 16 de abril, se identificó que el procedimiento utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción del padrón de afiliados carece de mecanismos efectivos de verificación.

La revisión, que comprendió el periodo del 14 de enero al 15 de abril de este año, concluyó que no existen actividades de control que permitan comprobar la veracidad de la documentación presentada por los personeros legales de los partidos. 

El documento también señala que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), encargado de verificar las firmas, emplea únicamente una técnica de cotejo gráfico que no constituye un dictamen pericial grafo-técnico.

Esto implica que, aunque se detecten irregularidades, no se puede establecer con certeza legal si una firma es falsificada. 

En ese contexto, la Contraloría evidenció una falta de normativa por parte del JNE para regular el procedimiento de inscripción del padrón de afiliados y para establecer mecanismos que determinen responsabilidades en casos de falsedad documental.

Además, durante la verificación de campo realizada los días 14 y 15 de abril, se identificó que varios ciudadanos habían solicitado su desafiliación tras descubrir que habían sido inscritos sin su conocimiento en organizaciones políticas. 

Agrupaciones que figuran

Entre las agrupaciones involucradas figuran Perú Libre, Fuerza Popular, Partido Morado, Fuerza Moderna, Nueva Gente, Adelante Pueblo Unido, Un Camino Diferente, Movimiento Regional Trabaja Ayacucho y el partido Perú Primero.

Todos los casos de afiliación indebida detectados corresponden al año 2025 y fueron reportados entre el 10 de enero y el 25 de marzo, según detalla el cuadro número 1 del informe. 

En septiembre de 2024, un informe previo de la Contraloría ya había advertido que el procedimiento para atender las solicitudes de desafiliación no contemplaba la fiscalización directa a las organizaciones políticas, lo que generaba riesgos sobre la participación ciudadana y la gestión electoral.

El informe fue remitido al presidente del JNE, a quien se le exhorta adoptar acciones preventivas y correctivas inmediatas. El ente electoral tiene un plazo de cinco días hábiles para informar al órgano de control institucional del JNE sobre las medidas que implementará.