Defensoría respalda fallo del TC en caso Betssy Chávez

La Defensoría del Pueblo respaldó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de la expremier Betssy Chávez, al considerar que corrige prácticas de detenciones arbitrarias en el sistema judicial. La entidad destacó que la resolución reafirma el papel esencial del hábeas corpus en la defensa de la libertad personal y el principio de igualdad ante la ley, que garantiza un trato jurídico uniforme a toda persona.

En un comunicado, la institución recordó que en informes anteriores ya había advertido sobre la persistencia de privaciones indebidas de libertad, muchas veces sin orden judicial vigente, y sobre las deficiencias en las carceletas bajo responsabilidad de la DIVIAC y la DIRINCRI. Según la Defensoría, estos casos reflejan un funcionamiento deficiente del sistema de justicia y una actuación meramente formal del Poder Judicial frente a los pedidos del Ministerio Público.

Tribunal Constitucional corrige detenciones arbitrarias en el caso Betssy Chávez

La sentencia del Tribunal Constitucional cuestionó la prolongación de la prisión preventiva de la expremier Betssy Chávez por “cuestiones logísticas”, señalando que ello no constituye una justificación válida dentro de un Estado constitucional de derecho.

La Defensoría del Pueblo recordó que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional que debe aplicarse como última ratio y no convertirse en una práctica recurrente. Subrayó que preocupa que los requerimientos de prisión preventiva del Ministerio Público sean considerados suficientes para ordenar detenciones, sin un análisis exhaustivo por parte de los jueces.

"Cabe recordar que, las detenciones preventivas son de carácter excepcional y deben ser utilizadas como última ratio, motivo por el cual resulta inaceptable que, en un estado constitucional de derecho, exista una preferencia recurrente por el órgano persecutor, hacia el requerimiento reiterado de esta medida coercitiva de mayor gravedad, sin que el Poder Judicial cumpla con su labor de efectivo garante de los derechos de todo procesado", precisó en un comunicado.

Informes de la Defensoría advertían fallas en el sistema judicial

En su informe titulado ¿Detener para investigar o investigar para detener? de agosto de 2024 y en el reporte de julio sobre las condiciones de las carceletas, la Defensoría alertó que numerosos ciudadanos habían sido arrestados sin orden judicial y mantenidos en condiciones inadecuadas.

La institución señaló que el Poder Judicial ha reducido en muchos casos su función a una validación formal de los pedidos del Ministerio Público, sin ejercer una revisión con la rigurosidad que exige la protección de los derechos fundamentales. Esta práctica habría generado restricciones indebidas a la libertad de varias personas procesadas.

Congreso debe evaluar sanciones por vulneraciones a derechos

La Defensoría advirtió que la problemática no se limita al caso de Betssy Chávez, sino que afecta a numerosos ciudadanos sometidos a detenciones preventivas prolongadas. En ese sentido, pidió que el Congreso de la República evalúe la discusión de una norma que establezca responsabilidades más allá del plano administrativo para jueces y fiscales que vulneren la libertad personal.

La entidad recalcó que las afectaciones a los derechos humanos no pueden ser convalidadas en un Estado de derecho y que corresponde adoptar medidas normativas para reforzar la función de garantía del sistema judicial.

Amicus Curiae y compromiso de la Defensoría del Pueblo

La institución recordó que presentó un Amicus Curiae en el caso de Betssy Chávez ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de abrir la discusión sobre la motivación judicial de las resoluciones, el respeto al derecho a la libertad personal y los límites de la prisión preventiva.

Finalmente, reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente sobre las personas privadas de libertad y de promover una reforma penitenciaria con enfoque humano y garantista, que ponga en el centro la dignidad de la persona.