Defensoría respalda fallo del TC sobre extinción de dominio

La Defensoría del Pueblo saludó públicamente el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional la ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso. A través de un comunicado, la entidad destacó que la sentencia fortalece el Estado de derecho y responde a un análisis objetivo y técnico del marco constitucional.

Cabe recordar que fue la propia Defensoría la que sustentó la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, alegando deficiencias jurídicas, técnicas y constitucionales en la norma. Según la institución, la ley vulneraba garantías fundamentales y permitía la confiscación de bienes sin condena penal previa.

Controversia por caso familiar del defensor del Pueblo

Pese al respaldo institucional al fallo, la decisión ha generado controversia debido a un hecho paralelo: Sara Gutiérrez, hermana del defensor del pueblo José Gutiérrez, se acogió a la mencionada ley tras su promulgación. La solicitud fue presentada el 12 de mayo, en un contexto en que aún no existía una condena penal en su contra.

Este detalle ha motivado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, ya que el defensor promovió la acción de inconstitucionalidad que finalmente podría beneficiar indirectamente a su familiar. Críticos señalan que el caso debió ser abordado con mayor transparencia institucional.

Debate legal y político seguirá abierto tras el fallo

La sentencia del TC ha generado reacciones divididas. Para algunos sectores, se trata de una defensa de los principios constitucionales. Para otros, representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, pues la extinción de dominio era vista como una herramienta eficaz para confiscar bienes obtenidos ilícitamente.

La Defensoría, por su parte, mantiene su postura inicial y señala que actuó en función del interés constitucional. “La objetividad del análisis jurídico fortalece la institucionalidad democrática”, señaló en su pronunciamiento.

El tema continúa en la agenda pública y es probable que el Congreso busque una nueva fórmula legal para reponer un mecanismo similar, pero ajustado a los estándares constitucionales establecidos por el TC.