Fiscal de la Nación demanda ley que modifica extinción de dominio

Fiscal de la Nación demanda ley que modifica extinción de dominio por afectar lucha anticorrupción. / Video: Canal N

Delia Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de extinción de dominio, al considerar que debilita la lucha contra el crimen organizado y la corrupción

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32326.

Esta norma modifica el Decreto Legislativo 1373, que regula el proceso de extinción de dominio, mecanismo legal utilizado para recuperar bienes vinculados a delitos como el narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Según la titular del Ministerio Público, la modificación debilita significativamente las herramientas legales para combatir el crimen organizado y la corrupción en el país.

¿Qué se cuestiona de la ley modificada?

Diversos especialistas ya habían advertido que la modificación aprobada por el Congreso favorecía a personas investigadas por graves delitos, al establecer nuevas condiciones y limitaciones para que el Estado pueda recuperar bienes ilícitos.

La fiscal Espinoza considera que se está otorgando un “salvavidas legal” a quienes enfrentan procesos por delitos graves, restando efectividad a las acciones del Ministerio Público en materia de investigación y recuperación patrimonial.

¿Qué busca el Ministerio Público con esta demanda?

El objetivo de la demanda es que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley que modifica el decreto de extinción de dominio.

Con ello, se pretende recuperar el marco legal anterior, que brindaba mayores facultades tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial para actuar frente a los bienes adquiridos ilícitamente.

Espinoza indicó que el crimen organizado sigue en expansión en el Perú y se requiere fortalecer, no debilitar, las herramientas legales existentes.

Como c onclusión, el Ministerio Público busca anular una norma que considera perjudicial para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La decisión ahora queda en manos del Tribunal Constitucional.

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