PJ alerta retroceso por cambios en ley de extinción de dominio

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su firme preocupación por los cambios introducidos mediante la Ley 32326, que modifica aspectos clave de la Ley de Extinción de Dominio. La magistrada advirtió que esta reforma representa “un serio retroceso” en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.

“La extinción de dominio es una herramienta efectiva y ágil para recuperar bienes obtenidos ilícitamente, incluso cuando el proceso penal no avanza por falta de prueba directa”, indicó.

Subrayó que en muchos casos se trata de estructuras criminales sofisticadas que operan de forma anónima, lo cual vuelve difícil su persecución judicial convencional.

Consecuencias internacionales y debilitamiento institucional

Tello señaló que las recientes decisiones políticas y cambios normativos introducen obstáculos que podrían debilitar el alcance de esta herramienta legal, que ha sido clave en la recuperación de activos ilícitos.

Añadió que esta situación pone en riesgo los avances logrados por el Estado en la lucha contra la criminalidad organizada.

Según la presidenta del Poder Judicial, la reforma aprobada es contradictoria con compromisos asumidos por el Perú ante la comunidad internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y se aleja de estándares técnicos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esto podría derivar —alertó— en consecuencias como el ingreso del país a listas internacionales de alto riesgo.

Además, advirtió que una eventual inclusión en estas listas afectaría negativamente la imagen del Perú, su acceso a financiamiento multilateral y los avances hacia la incorporación plena a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Llamado al debate técnico y fortalecimiento del sistema judicial

En su declaración, la magistrada reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la legalidad, la transparencia y la eficacia del sistema de justicia, e hizo un llamado a promover un debate técnico sobre la utilidad de los instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado para combatir redes delictivas complejas.

“Tenemos que seguir sumando esfuerzos y desde nuestros distintos roles, reafirmar el compromiso con una justicia coherente, predecible y centrada en la protección de los derechos fundamentales, sin perder de vista el objetivo mayor: brindar una respuesta firme a la criminalidad organizada”, sostuvo Tello.

El pronunciamiento se da pocos días después de que se promulgara la Ley 32326, aprobada por el Congreso, y que ha sido cuestionada por diversos sectores vinculados a la lucha anticorrupción.

El Poder Judicial se suma así al llamado para revisar esta modificación que podría afectar seriamente la efectividad de los procesos de recuperación de activos ilícitos.