La institución expresó, a través de las redes sociales, su desacuerdo con la decisión de los magistrados: Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda, quienes decidieron no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un presidente de la república.
“Como Defensoría lamentamos decisión, por mayoría, del Tribunal Constitucional de declarar improcedente la demanda competencial. La institucionalidad democrática reclamaba que cumpla su papel de intérprete final de la Constitución y fije criterios constitucionales sobre causal de vacancia”, indicó.
Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, junto con los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos, consideraron que el organismo sí debía pronunciarse al respecto.