Defensoría solicita reducir feriados compensables en 2025
Para no afectar economía y atención adecuada de servicios públicos
El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, a través de un documento dirigido a la presidenta Dina Boluarte, ha solicitado la reducción de feriados compensables para el año 2025, considerando el alto número de feriados aprobado para las entidades del Estado en el 2024.
En el documento remitido se da a conocer los efectos negativos que produce la aprobación de feriados compensables en un corto espacio de tiempo en la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que estos generan, posicionando al Perú en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados Sudamérica.
“El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en el año 2020, el Perú contaba con 12 feriados no laborales declarados por ley, no obstante en los últimos años se aprobó 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 días los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional, convirtiendo de esta manera al Perú en país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se tiene que asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio o, pagar una triple remuneración al trabajador si necesita que la actividad de su empresa no paralice”, se lee en el documento publicado este lunes.
De acuerdo con la Defensoría, este número elevado de feriados genera un impacto en el PBI, pues según el BCR, en su Reporte de Inflación – setiembre 2023, este incremento de feriados adicionales podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal, con un impacto susceptible en los sectores no primarios.
De igual manera, el defensor del pueblo hizo mención que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos por que la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que los administrados quieren realizar en el trámite de sus derechos civiles, sociales y económicos, sobre todo existe una afectación en los servicios esenciales, como en la educación, en lo que los más afectados son los estudiantes.
Asimismo, recordó que estas medidas también generan perjuicio a los trabajadores porque al recuperar las horas no trabajadas laboran más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, en contradicción con lo que indica la Constitución.
De igual forma, recomienda al Congreso realizar una evaluación técnica económica previa a la aprobación de feriados no laborables, y considerar feriados declarativos en los que se conmemore la identidad de la fecha sin afectar la jornada laboral ordinaria y de esta manera no se incrementen los costos laborales y la reducción de la producción y competitividad de la actividad productiva.