Ejecutivo promulga ley de amnistía para FF. AA. , PNP

La presidenta de la república, Dina Boluarte, promulgó este mediodía la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y los comités de autodefensa que participaron en acciones contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. La ceremonia oficial se desarrolló en Palacio de Gobierno con presencia del gabinete ministerial.

Este anuncio fue confirmado por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Poder Ejecutivo. La actividad contó con la presencia del ministro de Justicia, Enrique Alcántara, y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a otros integrantes del gabinete.

¿A quiénes beneficia la ley de amnistía promulgada?

La ley ampara a los efectivos de las FF.AA., la PNP y miembros de los comités de autodefensa que no tengan una sentencia firme con calidad de cosa juzgada. En ese sentido, podrán beneficiarse aquellos que hayan sido denunciados, estén siendo investigados o procesados por hechos ocurridos en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El texto de la norma establece que se excluye a quienes ya han sido condenados. La medida ha sido justificada como un reconocimiento a quienes combatieron el terrorismo en zonas rurales y urbanas, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de impunidad frente a posibles crímenes cometidos durante ese periodo.

Ley fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso

La iniciativa legislativa corresponde al Proyecto de Ley 7549/2023-CR y fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio, en segunda votación. El resultado fue de 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Desde entonces, el Poder Ejecutivo había recibido presiones tanto a favor como en contra de su promulgación.

En su momento, los sectores que respaldaron el proyecto alegaron que muchos de los implicados fueron perseguidos judicialmente pese a haber actuado bajo órdenes superiores y en contextos de emergencia nacional. Sin embargo, sectores críticos señalaron que la ley podría vulnerar el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Polémica en torno a memoria histórica y derechos humanos

La promulgación de esta ley reabre el debate sobre la forma en que el Estado peruano aborda su historia reciente de violencia política. Diversas organizaciones han señalado que una norma de esta naturaleza debe respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en particular la obligación del Estado de investigar graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Aunque el Poder Ejecutivo ha evitado dar declaraciones sobre posibles impactos legales, se espera que la ley sea objeto de acciones de inconstitucionalidad por parte de instituciones o colectivos que consideran que vulnera derechos fundamentales.

Con esta promulgación, el Gobierno busca cerrar un capítulo del conflicto armado interno, pero lo hace en medio de cuestionamientos sobre la forma y el fondo de la medida. La reacción de la sociedad civil, organismos internacionales y el sistema de justicia marcará el desarrollo de esta controvertida decisión.