EsSalud defiende designación de presidente ejecutivo
EsSalud sostiene que Segundo Cecilio Acho Mego sí cumplió los requisitos para asumir como presidente ejecutivo, pese a informe adverso de Contraloría.
El Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado oficial en respuesta al informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la designación de su presidente ejecutivo, Segundo Acho Mego.
Según el órgano de control, el funcionario no habría cumplido con los requisitos mínimos exigidos para asumir el cargo.
La Contraloría señaló que el presidente de EsSalud no reuniría el número de años requeridos de experiencia ni estaría habilitado profesionalmente por el Colegio Médico del Perú al momento de su nombramiento. Esto generó preocupación sobre la legalidad del proceso de designación.
En su pronunciamiento, EsSalud afirma que Segundo Ahoche Magos acreditó de forma fehaciente su experiencia profesional.
Detalla que presentó constancias laborales de la Clínica Cori SAC (del 1 de noviembre de 2018 al 30 de marzo de 2020) y de la Clínica Megasalud Naranjal (del 15 de junio al 14 de diciembre de 2010), con lo cual, aseguran, cumple los criterios exigidos.
Además, señala que, al momento de la evaluación curricular previa a su designación, Ahoche Magos figuraba como profesional habilitado en el portal institucional del Colegio Médico del Perú, lo que fue verificado oportunamente.
¿Qué medidas se adoptarán ante el informe de Contraloría?
EsSalud aseguró que el funcionario se somete a la fiscalización posterior de las constancias laborales presentadas, como parte del marco normativo vigente. Indicó también que la designación se realizó cumpliendo con el Manual de Perfiles de Puestos y mediante una resolución de presidencia ejecutiva.
La institución reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a la trayectoria profesional de sus funcionarios, rechazando lo que calificó como “información inexacta o tendenciosa”.
El caso ha generado inquietud sobre la rigurosidad de los procesos de nombramiento en entidades clave del Estado, especialmente en un sector tan sensible como la salud.
La Contraloría podría remitir los resultados de su informe al Congreso o al Ejecutivo para que se adopten medidas correctivas si corresponde.
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