Gobierno de Perú aprueba reglamento de inteligencia artificial

Perú ya cuenta con un reglamento oficial para el uso de la inteligencia artificial, orientado, según información del Ejecutivo, a promover su aplicación ética, responsable y sostenible en favor del desarrollo económico y social. El documento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 115-2025-PCM, publicado en El Peruano.

La norma regula tanto el uso público como privado de la inteligencia artificial, y establece principios de no discriminación, transparencia, sostenibilidad, protección de datos y supervisión humana. El reglamento se aplicará de manera progresiva y su implementación no generará costos adicionales al Tesoro Público.

Aplicación transversal de la norma

El reglamento de la inteligencia artificial será de cumplimiento obligatorio para las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno.

También alcanza a empresas públicas, privadas, universidades y organizaciones sociales que forman parte del Sistema Nacional de Transformación Digital.

La regulación excluye únicamente el uso personal de IA y aquellas aplicaciones destinadas a defensa y seguridad nacional, siempre que respeten los principios establecidos. Su aplicación prioriza la protección de derechos fundamentales y la seguridad jurídica.

Rol de la Secretaría de Transformación Digital

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM será la entidad encargada de dirigir y supervisar la implementación de esta política nacional sobre inteligencia artificial. Además, deberá emitir lineamientos técnicos, promover buenas prácticas y garantizar la rendición de cuentas.

Entre sus funciones también figura la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) al 2030, así como la estrategia de gobierno de datos. Ambas deberán ser presentadas en un plazo máximo de un año.

Acciones en entidades públicas

Las entidades estatales deberán adoptar una política institucional para el uso de la inteligencia artificial basada en los principios del reglamento. Están obligadas a conformar equipos técnicos multidisciplinarios y usar estándares internacionales, como la norma ISO/IEC 42001.

Asimismo, deberán publicar los códigos fuente financiados con fondos públicos y garantizar la supervisión humana en decisiones automatizadas que puedan afectar derechos fundamentales, especialmente en los sectores de salud, justicia, educación y programas sociales.

Riesgos y usos prohibidos

El reglamento clasifica el uso de la inteligencia artificial en riesgo alto y uso indebido. Este último queda expresamente prohibido e incluye prácticas como la vigilancia masiva sin base legal, el perfilamiento por datos sensibles, la predicción de delitos sin base objetiva y los sistemas autónomos con capacidad letal.

Los sistemas de riesgo alto sí están permitidos, pero solo si cumplen condiciones de transparencia, supervisión humana y evaluación de impacto, especialmente en sectores sensibles como salud, empleo y educación.

Requisitos para el sector privado

Las empresas privadas deberán establecer políticas de IA responsables. En los casos de sistemas de riesgo alto, tendrán que garantizar la transparencia algorítmica, implementar auditorías de seguridad y permitir supervisión humana.

Aunque estas obligaciones no son inmediatas para todas las empresas, los plazos se ajustarán según su tamaño y sector, permitiendo una aplicación gradual. Las MYPES tendrán entre dos y tres años para cumplir los requisitos técnicos.

Transparencia y participación ciudadana

Como parte del enfoque inclusivo del reglamento, se ha creado un canal digital sobre inteligencia artificial en la Plataforma Única del Estado (www.gob.pe/iaperu). Este espacio permitirá recibir alertas ciudadanas, monitorear riesgos y difundir información oficial.

Además, se impulsarán campañas de alfabetización digital y formación en IA desde la educación básica hasta la universidad. La norma prioriza la protección de grupos vulnerables como niñas, niños, personas mayores y con discapacidad.

Financiación y enfoque gradual

La implementación del reglamento se realizará con los presupuestos institucionales existentes. No implicará nuevos gastos para el Estado ni recursos adicionales del Tesoro Público.

Se ha establecido un cronograma que otorga entre uno y cuatro años a las entidades públicas y privadas para adecuarse, según su nivel de complejidad y capacidad operativa. También se promueve el uso de código abierto y la innovación colaborativa.

El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial para regular su uso ético, seguro y responsable. La norma aplica a entidades públicas, empresas y universidades, y excluye usos personales o de defensa nacional. Clasifica sistemas de IA por riesgo, prohíbe vigilancia masiva sin base legal y exige transparencia algorítmica. El reglamento será supervisado por la PCM, no demanda gasto adicional y se implementará gradualmente. También se impulsa una estrategia nacional y un canal ciudadano para alertas, promoviendo inclusión, protección de derechos y formación digital en todo el país.