Informe no revisó firma clave de Boluarte del 29 de junio

El informe oficial que debía analizar la validez de las firmas de Dina Boluarte evitó incluir el decreto del 29 de junio de 2023, justo el día en que la mandataria estaba en recuperación tras someterse a varias cirugías estéticas. Así lo reveló Cuarto Poder en su investigación.

El peritaje, realizado por José Daniel Huapaya por encargo del Ministerio Público, solo examinó 54 de los 91 documentos cuestionados. Entre los que omitió se encuentra el Decreto Supremo 017, fechado el mismo día que Boluarte permanecía en una clínica, sin poder movilizarse ni ver, según testigos.

Esta omisión es clave, ya que el decreto 017 está en el centro de las sospechas de falsificación, y no fue parte del peritaje que defiende la autenticidad de las firmas.

Pericia parcial y muestra cuestionable

El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, mostró solo el resumen del informe de Huapaya, sin revelar las limitaciones en el análisis. Por su parte, el perito Julio Espejo, contratado por Mario Cabani, indicó que el documento del 29 de junio no fue firmado por Boluarte.

Espejo criticó la metodología: “Ese informe ha debido tener 91 conclusiones, una por cada documento”, y cuestionó que se hayan usado como muestra firmas de hasta 20 años de antigüedad, lo que vulnera el principio de coetaneidad.

La pericia oficial priorizó documentos del 28 de junio, cuando la presidenta aún estaba en Palacio. No se incluyó tampoco una rúbrica del 5 de julio que también genera dudas.

Otra firma con diferencias gráficas

La firma del 5 de julio, que no fue parte del análisis oficial, presenta trazos e inclinaciones que se alejan de las firmas auténticas, según análisis preliminar de Espejo. Aunque aclara que requiere un estudio completo, las diferencias detectadas despiertan sospechas.

El perito también precisó que no trabajó con fotocopias, como sugirió la defensa, sino con documentos escaneados de alta resolución. “La calidad era suficiente para observar detalles gestográficos y morfoestructurales”, indicó.

El informe oficial, que se entregó con demora, impidió que hasta ahora se avance en una posible acusación por falsedad genérica, delito que puede conllevar hasta cinco años de prisión.