Inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años ya es oficial
Según el Congreso, el expresidente no cumplió los requisitos constitucionales para proceder con dicha disolución en 2019, lo que constituyó una infracción constitucional
El Congreso de la República oficializó la inhabilitación de Martín Alberto Vizcarra Cornejo para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.
La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano, formalizando una de las sanciones más severas impuestas a un exmandatario en los últimos años.
La decisión responde a un proceso político por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que regula las condiciones bajo las cuales el presidente puede disolver el Parlamento. Según el Congreso, Vizcarra no cumplió los requisitos constitucionales para proceder con dicha disolución en 2019.
Fundamento de la inhabilitación de Martín Vizcarra
El artículo 134 establece que el presidente solo puede disolver el Congreso si este ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.
La resolución legislativa afirma que esa condición no se cumplió plenamente cuando Vizcarra anunció la disolución del Congreso, lo que constituyó una infracción constitucional.
Con base en ello, el Congreso aprobó la inhabilitación política, que impide a Vizcarra ocupar cargos públicos, postular a elecciones o ser designado en funciones estatales. Esta sanción representa un golpe significativo para su carrera política.
Firma y aprobación del Congreso de la República
La resolución legislativa fue firmada por Eduardo Oscar Castillo Rivas, presidente del Congreso, y Carmen Patricia Juárez Gallegos, primera vicepresidenta.
La publicación en El Peruano certifica que la decisión ya está en plena vigencia legal, cerrando la vía parlamentaria sobre este caso.
La inhabilitación responde a una denuncia constitucional que fue debatida y aprobada en el Pleno, tras un proceso liderado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En él se concluyó que Vizcarra vulneró el orden constitucional al disolver un Parlamento sin cumplir las condiciones exigidas.
Consecuencias políticas para el expresidente
La sanción de diez años imposibilita a Vizcarra ejercer cualquier función pública hasta el año 2035. Esto incluye tanto cargos electivos como designaciones en instituciones estatales. En el pasado, el expresidente ya había sido excluido de participar en comicios por otros procesos legales.
Además de afectar sus aspiraciones políticas, esta resolución sienta un precedente sobre el uso de la figura de la disolución del Congreso, alertando a futuros mandatarios sobre sus límites constitucionales.
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