IPYS exige investigar denuncia de periodista

La periodista Karla Ramírez, integrante del dominical Panorama de Panamericana Televisión, denunció ante el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) que existiría un plan para atentar contra su vida y la de su familia.

Según indicó, este hostigamiento estaría relacionado con sus investigaciones sobre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte.

La denuncia pública fue recogida por IPYS, que emitió un pronunciamiento exigiendo una investigación urgente por parte de las autoridades. La organización recordó que Ramírez desarrolla una labor de fiscalización dentro del ejercicio legítimo del periodismo.

Investigación involucra a altos funcionarios del gobierno

Ramírez señaló que los reportajes que generaron esta situación se centran en el caso de la mina El Dorado, donde están involucrados el ministro José Santibáñez, ex titular del Interior, y Nicanor Boluarte. Ambos han sido señalados por su presunta participación en actividades irregulares relacionadas con dicho proyecto minero.

La periodista afirmó que las amenazas coinciden con la emisión de estos reportajes y que ha recibido información concreta sobre un plan encubierto bajo la fachada de delincuencia común.

Seguimiento y vigilancia contra la periodista

Según la denuncia, Ramírez fue advertida por una fuente vinculada a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Esta persona le habría informado sobre órdenes de seguimiento y registro dirigidas hacia ella y su entorno familiar. Los seguimientos se habrían iniciado poco después de la difusión de sus investigaciones periodísticas.

La periodista alertó que este tipo de acciones representan un grave riesgo para la libertad de prensa y la seguridad personal de quienes ejercen el periodismo investigativo en el país.

En su comunicado, IPYS destacó que las denuncias de Ramírez afectan directamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a ser informada sobre asuntos de interés público.

Asimismo, la organización recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen el periodismo, especialmente en contextos donde se investigan actos de presunta corrupción o abuso de poder.