Julio Rodríguez: Conducta de Lucinda Vásquez sería infracción constitucional

La congresista Lucinda Vásquez enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias agravado, a raíz de una denuncia periodística que reveló la presunta venta de exámenes en el proceso de nombramiento docente del año 2021.

El caso, revelado por el programa Cuarto Poder, ha sido analizado por el abogado penalista Julio Rodríguez, quien explicó las implicancias penales del caso y el alcance de las pruebas disponibles.

En diálogo con canal N, el especialista detalló que el delito de tráfico de influencias no requiere que se concrete el resultado ofrecido. Según su explicación, basta con que la congresista haya solicitado dinero a cambio de supuestas gestiones para conseguir los exámenes.

Esa conducta por sí sola configura el delito en su modalidad agravada debido a la condición de funcionaria pública de Vásquez, lo que podría implicar una pena privativa de libertad de hasta ocho años e inhabilitación para ejercer cargos.

Pruebas técnicas y contradicciones en la versión de Vásquez

Las pruebas presentadas incluyen chats, registros de llamadas y geolocalización de su teléfono móvil, que desmienten afirmaciones hechas por la congresista.

Vásquez aseguró no haber estado en Tarapoto y afirmó que su celular fue robado, pero nunca presentó una denuncia formal, lo que debilita su versión. El Ministerio Público ha levantado el secreto de las comunicaciones para verificar estas interacciones, que son clave para la investigación.

Rodríguez subrayó que incluso las llamadas de corta duración pueden ser analizadas por peritos en comunicaciones para establecer si se trató de una conversación o una llamada fallida.

Estos informes periciales permitirán precisar el grado de contacto que la congresista tuvo con personas vinculadas al proceso de nombramiento docente.

Inmunidad parlamentaria y posibles consecuencias políticas

A pesar de su condición de congresista, Vásquez podría ser sometida a un proceso penal si el Congreso decide levantar su inmunidad parlamentaria.

Rodríguez explicó que esto dependerá de si el Ministerio Público presenta indicios lo suficientemente sólidos para justificar dicha medida. De no aprobarse el levantamiento, el caso podría archivarse provisionalmente, pero quedaría abierto a ser reactivado si surgen nuevas pruebas.

En el plano político, el Congreso también podría considerar que el comportamiento atribuido a Vásquez constituye una infracción a la Constitución, lo que habilitaría su inhabilitación para ejercer cargos públicos, independientemente de la vía penal.

Posibles implicaciones para otros funcionarios

Durante la entrevista, el penalista advirtió que, si se comprueba que el examen fue entregado desde el Ministerio de Educación por la hija del entonces titular del sector, podrían abrirse nuevas líneas de investigación.

En ese escenario, ya no se hablaría de tráfico de influencias, sino de cohecho, un delito de corrupción que podría involucrar también al exministro de Educación, si se acredita que entregó información reservada a cambio de beneficios económicos o políticos.

Asimismo, se mencionó la posibilidad de que la congresista haya presionado al expresidente Pedro Castillo para facilitar nombramientos, aunque se aclaró que, sin pruebas de una transacción económica, no se configuraría un delito penal, sino una posible infracción constitucional.

Lucinda Vásquez: Los hechos en el proceso por venta de exámenes

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez, acusándola del presunto delito de tráfico de influencias agravado. 

 El caso está vinculado a la presunta filtración y venta del examen de nombramiento docente 2021 en la ciudad de Tarapoto, región San Martín.

La denuncia también fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que iniciará el proceso parlamentario correspondiente.