Khoury: "Informe de Contraloría demuestra corrupción en la ONPE"

El informe técnico emitido por la Contraloría General de la República determinó la existencia de responsabilidad administrativa y penal en el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. La auditoría de cumplimiento realizada al proceso electoral del 12 de abril reveló un escenario de presunta colusión interna y favoritismo hacia la empresa Galaga. De acuerdo con lo expuesto por el excontrolador general de la república, Fuad Khoury, el documento técnico emitido confirma las irregularidades en los términos de referencia y en el proceso de selección de la entidad de procesos electorales.

La investigación del órgano de control determinó que las bases del concurso presentaron incongruencias metodológicas desde la fase de selección de proveedores. El documento de la Contraloría detalla que la compañía contratada incurrió en faltas operativas al no cumplir con las disposiciones de propiedad vehicular estipuladas. Las autoridades fiscales y la Procuraduría han tomado conocimiento de estas irregularidades para iniciar las acciones legales en el ámbito del Poder Judicial, en una etapa donde la ONPE cuenta con un presupuesto asignado de más de mil millones de soles.

¿Qué irregularidades halló el informe en el contrato con Galaga?

La empresa Galaga obtuvo un total de cinco contratos con la ONPE, de los cuales tres ya registraban sanciones previas por el incumplimiento de obligaciones. De acuerdo con los datos expuestos, el vocero de la ONPE, Luis Castillo Torrealva, señaló de manera previa que en la jornada del 12 de abril existieron actos dirigidos a favorecer a dicha compañía. La Contraloría General de la República descubrió que la firma ganadora operó el servicio logístico con el 92% de los camiones bajo la modalidad de alquiler.

Esta condición técnica vulneró de manera directa los términos de referencia del concurso público, los cuales establecían de forma explícita que las unidades de transporte debían ser propiedad del postor. Asimismo, la auditoría identificó la aprobación de una adenda contractual que incrementó en más de 900% el costo fijado por tonelada transportada para el traslado del material logístico electoral. Esta modificación económica sin sustento técnico permitió que la empresa pasara de cobrar 60 céntimos por kilo a seis soles por kilo durante el desarrollo del proceso.

¿Cómo afectó la alteración de rutas el proceso de la ONPE?

El documento de control técnico de la Contraloría General de la República expuso una alteración planificada en las rutas de transporte y en los cronogramas oficiales de distribución. Las plataformas del organismo electoral registró reportes donde se aseguraba que el trayecto de las unidades hacia sus destinos tomaría entre tres horas y media y cuatro horas. Sin embargo, los funcionarios técnicos de la institución poseían conocimiento de que el traslado logístico requería un tiempo real de ejecución de siete a ocho horas.

Esta diferencia en los tiempos de transporte impidió que el material electoral arribara de manera oportuna a los centros de votación establecidos para la jornada del 12 de abril. Los fiscalizadores del órgano de control realizaron las advertencias respectivas sobre estas deficiencias operativas horas antes del inicio del despliegue logístico general. Dichas alertas formales fueron remitidas tanto a la jefatura de la ONPE como a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones sin que se tomaran medidas de corrección inmediatas.

¿Cuáles son las acciones legales determinadas por la Fiscalía?

La Fiscalía formalizó la solicitud para ampliar las investigaciones penales correspondientes contra el jefe de la institución, Piero Corvetto, y otros nueve funcionarios implicados en el informe técnico. El excontralor Fuad Khoury señaló que el caso se encuentra bajo el análisis estricto de la Procuraduría para el inicio de las acciones de defensa del Estado. La pérdida de credibilidad pública del organismo electoral coincide con un debate técnico donde se cuestiona la ausencia de meritocracia y la designación de personal no idóneo en puestos directivos de alta responsabilidad.

La última modificación normativa a la ley de contrataciones del Estado introdujo de manera obligatoria el principio técnico denominado valor por dinero. Esta directriz legal exige a los organismos estatales la realización de un seguimiento y una evaluación rigurosa sobre la calidad final de los productos adquiridos. La aplicación de este concepto busca mitigar los riesgos de favoritismo corporativo y asegurar el uso transparente de los recursos económicos asignados a las entidades públicas del país.