Martín La Rosa: Por culpa de la TUUA internacional se cancelaron 8 rutas

El director ejecutivo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Martín La Rosa, denunció en el programa N Portada de Canal N que el gobierno de transición del presidente José Balcázar busca firmar en "tiempo récord" una cuestionada adenda con el concesionario Lima Airport Partners. Según el representante gremial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pretende asegurar la permanencia de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional hasta el año 2041, a pesar de existir tres procesos judiciales activos que cuestionan dicha tasa aeroportuaria.

La Rosa detalló que el contrato original del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no contemplaba cobros para pasajeros en tránsito, un beneficio que fue incorporado recién mediante la Adenda 6. El representante precisó que la propuesta actual del MTC ofrece una solución a medias al intentar eliminar únicamente la TUUA de transferencia doméstica a cambio de millonarios subsidios a favor de LAP, dejando intacto el cobro internacional. Además, advirtió que las negociaciones se amparan en el reglamento del Decreto Legislativo 1362, marco normativo que feneció el 25 de diciembre del año pasado, lo que dota al proceso de serios vicios legales.

Pérdida de conectividad y cierre de puertas al diálogo gremial

El líder de la IATA reveló que la actual administración presidencial optó por restringir los espacios de concertación con los operadores del sector. "Lo que sí ha sucedido desde que entró el presidente Balcázar es que nos cerraron las puertas; el MTC ya no recibe a los gremios aéreos", manifestó el ejecutivo, asociando este bloqueo a las demandas de amparo y cuestionamientos presentados contra el rol del organismo regulador Ositran por la validación del 100% de los costos declarados por el concesionario.

Asimismo, el dirigente alertó que el nuevo texto flexibiliza la fiscalización del Estado, permitiendo que inversores terceros suscriban contratos comerciales en la denominada "Ciudad Aeropuerto" que excedan el límite de la concesión fijado para 2041, restringiendo la facultad pública de supervisar los términos y condiciones de tales acuerdos. La Rosa enfatizó que se está comprometiendo la soberanía regulatoria del país mediante un procedimiento apresurado que no debería ejecutarse durante un gobierno interino de salida.