Ministro Valencia descarta que GORE Cusco administre Machu Picchu

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, descartó que el Gobierno Regional del Cusco pueda asumir la administración y control de Machu Picchu, al considerar que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros del 7 de octubre, el titular del Ministerio de Cultura (Mincul) aclaró que la gestión del santuario inca está regulada por normas internacionales y no puede ser transferida a un gobierno subnacional.

Competencias exclusivas del Gobierno Nacional

En declaraciones a la prensa, Valencia señaló: “Hace unos días hemos tomado conocimiento de que el gobernador de Cusco ha interpuesto una acción de cumplimiento a fin de que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco pase bajo la competencia del gobierno regional [...] La pregunta es: ¿es posible que la gestión de Machu Picchu pase a la competencia de un gobierno subnacional? Respuesta: no”.

El ministro explicó que esta limitación se sustenta en compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. “Machu Picchu tiene la condición de integrante del patrimonio cultural de la humanidad [...] Existen competencias que únicamente son atribuibles al Gobierno Nacional [...] La gestión de un bien integrante del patrimonio de la humanidad, en aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional”, afirmó.

Argumentos legales sobre la administración de Machu Picchu

Fabricio Valencia Gibaja precisó que la posición del Ejecutivo se ampara en el marco jurídico nacional e internacional.

Indicó que la Convención del Patrimonio Mundial, suscrita por el Perú en 1982, establece que la conservación de los bienes declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad corresponde al Estado nacional.

“El Estado peruano en el año de 1982 suscribió una convención de patrimonio mundial. A razón de esta convención y de la postulación que el Estado peruano hizo en su momento, Machu Picchu tiene la condición de patrimonio cultural de la humanidad”, recordó.

El ministro enfatizó que la norma internacional no permite transferir la administración del santuario a entidades regionales o locales.

Acción de cumplimiento presentada por el Gobierno Regional del Cusco

A inicios de octubre, el Gobierno Regional del Cusco, liderado por Werner Salcedo Álvarez, presentó una demanda constitucional de cumplimiento contra el Ministerio de Cultura ante el Tercer Juzgado Civil de Cusco, con el objetivo de que se transfiera “de manera íntegra” la gestión y administración de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco.

El documento busca que el Gobierno central cumpla la Ley N.º 29565, norma que creó el Ministerio de Cultura en 2010 y que, según la demanda, ordenaba la transferencia de las antiguas direcciones culturales a los gobiernos regionales.

La acción legal fue presentada con el patrocinio del abogado Luciano López Flores, quien argumentó que el Mincul no ha cumplido con la disposición legal a pesar del vencimiento del plazo.

Posición del Gobierno Regional y defensa legal

El gobernador Werner Salcedo interpuso la demanda “en su doble condición de autoridad y ciudadano cusqueño”, buscando que se reconozca la autonomía regional en la gestión del patrimonio cultural.

El abogado Luciano López afirmó que el incumplimiento “somete a los gobiernos regionales al deficiente manejo del patrimonio cultural por parte del gobierno central” y que la inacción “pone en riesgo derechos de trascendencia constitucional como la gestión cultural y ambiental de la región”.

En su comunicado, López añadió: “Es hora de que el Estado honre su palabra y cumpla con la ley y que los jueces asuman el rol histórico de ser guardianes de la Constitución, la legalidad y la descentralización del poder a favor de las regiones”.

Reacción del Ministerio de Cultura ante la demanda

El ministro Valencia sostuvo que la pretensión del Gobierno Regional de Cusco carece de sustento legal y reiteró que el Mincul seguirá ejerciendo sus funciones conforme a la ley.

“Existen competencias que únicamente son atribuidas al Gobierno Nacional, entre las cuales se encuentra la gestión, la protección y la conservación del patrimonio mundial [...] No lo digo yo, lo dice la Convención del Patrimonio Mundial”, declaró.

El titular del sector aseguró que el Ministerio continuará administrando los bienes culturales de la Nación bajo los estándares exigidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Moción de censura

El debate sobre la administración de Machu Picchu ocurre mientras el Congreso prepara una moción de censura contra Fabricio Valencia, programada para el jueves 9 de octubre, por presunta “incapacidad y falta de liderazgo en el sector Cultura”.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha respaldado la iniciativa, señalando que existe “desorden en la administración de Machu Picchu”.

A través de un comunicado, la ANGR indicó que la gestión cultural requiere coordinación entre los niveles de gobierno, aunque no se pronunció sobre el fondo legal de la demanda del Cusco.

Próximas acciones institucionales

El Ministerio de Cultura informó que continuará defendiendo la posición del Estado peruano en el proceso judicial iniciado por el Gobierno Regional del Cusco.

El ministro Valencia reiteró que el Ejecutivo respeta la descentralización, pero subrayó que “la defensa y conservación del patrimonio mundial” es una función indelegable del Gobierno Nacional.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, descartó que el Gobierno Regional del Cusco pueda asumir la administración de Machu Picchu, al considerar que la gestión del santuario es competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Explicó que la Convención del Patrimonio Mundial, suscrita por el Perú en 1982, establece que la protección del sitio corresponde al Estado central. La declaración se produjo tras la demanda de cumplimiento presentada por el Gobierno Regional del Cusco ante el Ministerio de Cultura. El Ejecutivo aseguró que continuará defendiendo sus competencias sobre el patrimonio cultural ante las instancias judiciales correspondientes.