PCM declara reservada la información sobre vehículos oficiales

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió clasificar como información reservada todos los datos vinculados a los vehículos oficiales asignados a ministros, viceministros y altos funcionarios del Ejecutivo.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Jefatural N.° 002-2025-PCM/OSDN y se sustenta en criterios de seguridad nacional y prevención de riesgos contra la integridad del personal del Estado.

Clasificación de la información vehicular oficial

Según el documento publicado por la PCM, esta medida responde a una evaluación técnica realizada por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN), que advirtió sobre las consecuencias que podría tener la difusión de información sobre el parque automotor institucional.

Se indicó que los datos requeridos por un ciudadano incluían el número, marca, modelo y placa de los vehículos, así como la identificación de los funcionarios que los utilizan.

Fundamento jurídico de la reserva

La PCM respaldó su decisión en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que autoriza declarar como reservada aquella información que pueda generar riesgos a la seguridad ciudadana o a la subsistencia del sistema democrático.

Además, citó un precedente del Tribunal Constitucional que establece como doctrina jurisprudencial que la divulgación de placas de rodaje de vehículos oficiales constituye información reservada mientras dure su uso funcional.

Riesgos para la seguridad del Estado y sus funcionarios

En la resolución se precisa que difundir detalles sobre los vehículos podría facilitar actos ilícitos como seguimientos, amenazas o ataques contra funcionarios públicos.

En ese sentido, se argumenta que revelar estas características podría ser aprovechado por organizaciones delictivas para planear acciones contra el personal del Ejecutivo.

Rol de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN) fue la entidad encargada de evaluar la solicitud de información pública que motivó esta medida.

A través del Informe N.° D000057-2025-PCM-OSDN-WHT, esta oficina determinó que era necesario proteger la identidad y movimientos de los vehículos oficiales por tratarse de información sensible que podría comprometer la integridad del personal.

Duración y alcance de la reserva

El documento especifica que la clasificación como reservada tendrá vigencia mientras los vehículos permanezcan en uso oficial.

Es decir, la restricción se mantendrá activa mientras los funcionarios estén utilizando estos recursos en el ejercicio de sus funciones. Esta decisión, según la PCM, se encuentra en línea con el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia.

Publicación de la resolución y procedimiento legal

La PCM ordenó a su Oficina de Prensa e Imagen Institucional la publicación digital de la resolución en el portal oficial del Estado.

La disposición también aclara que se aplicará exclusivamente a los vehículos institucionales de la PCM y no afecta la información de otras entidades públicas, salvo que estas adopten decisiones similares.

Precedente ante futuras solicitudes similares

Esta medida podría constituir un precedente para que otras instituciones del Estado adopten decisiones similares, restringiendo el acceso a datos de carácter logístico o patrimonial.

La Defensoría del Pueblo aún no ha emitido pronunciamiento sobre esta nueva clasificación, aunque ha señalado en ocasiones anteriores la necesidad de equilibrar seguridad y transparencia.

La PCM declaró como reservada la información sobre los vehículos asignados a ministros y altos funcionarios, citando riesgos a la seguridad. La medida impide acceder a datos como placas, marcas o nombres de usuarios. Se basa en la Ley de Transparencia y un fallo del Tribunal Constitucional. Críticos advierten que esta disposición limita la fiscalización ciudadana. La información permanecerá protegida mientras los vehículos estén en uso oficial. Organismos como la Defensoría del Pueblo no se han pronunciado aún. La decisión ya genera debate sobre transparencia en la gestión pública.