Perú alcanza nivel histórico de sobrepoblación penitenciaria

Gino Alva, periodista de EC Data de El Comercio, dio a conocer que el Perú enfrenta su peor crisis de hacinamiento penitenciario en al menos 15 años.

Las cárceles del país fueron diseñadas para albergar a poco más de 41 mil personas, pero actualmente hay más de 103 mil reclusos, lo que representa una sobrepoblación del 147.44%.

Esta cifra marca un récord histórico, agravado por el aumento sostenido del ingreso de nuevos internos y por la escasa infraestructura penitenciaria disponible. Desde 2010 solo se han construido dos penales, lo que contrasta con el crecimiento constante de la población carcelaria.

72% de cárceles con hacinamiento y sin nuevos penales

De los 69 centros penitenciarios existentes en el país, 50 presentan hacinamiento. Las únicas que no superan su capacidad son aquellas destinadas a mujeres —por su baja población relativa— y los penales de alta seguridad, como el de Cochamarca en Pasco.

La última cárcel fue inaugurada hace varios años y solo tiene espacio para 800 personas. El nuevo penal de Abancay, cuya construcción fue anunciada en enero de 2025, también tendrá una capacidad limitada. Según EC Data, el número de penales sigue siendo insuficiente frente al incremento de reclusos.

Ingreso masivo por incumplimiento de pensión alimentaria

Uno de los datos más llamativos del informe es que el delito por el cual más personas fueron encarceladas en 2024 y 2025 no es robo ni narcotráfico, sino el incumplimiento de pensión alimentaria.

Más de 6 mil personas ingresaron a prisión por esta causa, lo que representa un 2.35% de la población total, pero supera en número a quienes ingresaron por delitos más graves.

Especialistas cuestionan la efectividad de encarcelar a deudores alimentarios, ya que al estar privados de libertad, pierden capacidad económica para cumplir con la obligación.

Propuestas ante el colapso del sistema penitenciario

Entre las soluciones propuestas se encuentran el uso de grilletes electrónicos, penas no privativas de libertad y ampliación de beneficios penitenciarios. Estas alternativas permitirían reducir la presión sobre los penales y evitar la reincidencia.

Durante la pandemia, medidas legislativas especiales permitieron reducir la población penitenciaria por única vez en 2020 y 2021. Sin embargo, desde entonces la tendencia volvió a subir y alcanzó niveles críticos en 2025.

Déficit de personal del INPE y riesgo de corrupción

El número de agentes del INPE no ha aumentado proporcionalmente al número de internos. Esto ha generado un control deficiente de los centros penitenciarios, con frecuentes casos de ingreso de objetos prohibidos como antenas, celulares y routers satelitales.

Según especialistas, estos incidentes reflejan vacíos estructurales y posibles casos de corrupción. Además, el 78% de la población penitenciaria corresponde a reos primarios. 

Sin una adecuada clasificación, los penales se convierten en espacios donde los delincuentes menos peligrosos pueden terminar integrándose a redes criminales más estructuradas.