PJ cuestiona cambios a Ley de Extinción de Dominio

El Poder Judicial envió un oficio al Congreso de la República en el que expresa su postura sobre el Proyecto de Ley n.º 3577/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo n.º 1373 sobre Extinción de Dominio. La institución advierte que esta reforma desvirtúa una herramienta clave contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Según el documento remitido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de aprobarse en segunda votación, la norma colocaría al Perú en posible incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo internacional contra el lavado de activos.

PJ cuestiona reducción del plazo para la extinción de dominio

Uno de los puntos más críticos señalados en el oficio es la modificación del plazo de acción para la extinción de dominio. La iniciativa plantea una prescripción de cinco años contados desde que la sentencia queda firme y consentida, lo que el Poder Judicial considera un periodo insuficiente para recuperar bienes vinculados a delitos.

“Resulta cuestionable el plazo propuesto que es excesivamente corto para lograr algún resultado”, señala el documento. En cinco años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha logrado recuperar cerca de 160 millones de dólares en procesos vinculados a corrupción, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y otros delitos, informan en el documento.

Impacto de la extinción de dominio en la recuperación de bienes ilícitos

El Poder Judicial resaltó que, en el último año, este mecanismo permitió recuperar más de 71 millones de dólares en bienes muebles, inmuebles y dinero de actividades ilícitas. Además, se dictaron 1685 sentencias en primera instancia y 815 en segunda, sumando un total de 2500 fallos en el periodo analizado.

La institución enfatiza que mantener la vigencia del actual régimen de extinción de dominio es crucial para seguir recuperando activos obtenidos de manera ilegal y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.