PJ rechaza suspender peajes de Línea Amarilla en caso Villarán

El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento del Ministerio Público para suspender temporalmente el cobro de peajes por parte de la empresa Lima Expresa S.A.C., concesionaria del proyecto Línea Amarilla. La medida fue solicitada como parte de las investigaciones del caso Lava Jato, que implican a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por presuntos delitos de corrupción.

La resolución fue emitida por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El caso y las empresas involucradas

El proceso penal involucra a Susana Villarán y otras personas por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado, en relación con actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña OAS. Entre las personas jurídicas investigadas figuran Lima Expresa S.A.C. (antes LAMSAC), Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, Constructora OAS Ltda., INVEPAR y Línea Amarilla Brasil Participações S.A.

La Fiscalía solicitó además que la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A., asumiera la administración judicial de la concesión mientras dure el proceso, algo que también fue rechazado.

Argumentos de Lima Expresa contra la medida

La defensa técnica de Lima Expresa presentó varios argumentos clave para rechazar la medida solicitada por la Fiscalía:

• Cese de efectos lesivos: Según la empresa, desde agosto de 2020 se aplica la fórmula correcta de reajuste tarifario establecida por un laudo arbitral de la Corte de Arbitraje Internacional de París. Además, presentó cartas firmadas por la propia Municipalidad de Lima que confirman su cumplimiento.

• Falta de riesgo procesal: Indicaron que toda la documentación relevante ya fue incautada por la Fiscalía durante los allanamientos de mayo de 2023, y que no existe peligro de obstaculización de la investigación.

• Impacto económico: Lima Expresa advirtió que una suspensión de peajes por un año llevaría a su quiebra, afectando a 627 trabajadores, acreedores (incluidos fondos de pensiones) y a la recaudación del Estado por IGV.

Tribunal rechazó comparación con caso Rutas de Lima

La Fiscalía intentó vincular la solicitud a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Rutas de Lima, donde se ordenó suspender el cobro de peajes por falta de vías alternas. Sin embargo, el juzgado consideró que los fundamentos no eran aplicables al caso de Línea Amarilla, que no presentaba las mismas condiciones ni argumentos jurídicos.

El juez Chávez Tamariz coincidió con la defensa en que los hechos y efectos del caso Rutas de Lima son distintos y que, en este caso, la medida cautelar resultaba desproporcionada.

Fiscalía pedía detener cobros en ocho peajes

El pedido fiscal contemplaba la suspensión del cobro en las garitas de Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé (sección 1), así como en Estadio, Ejército y Huánuco (sección 2). También se solicitaba que Emape asumiera la administración de los terrenos y bienes de la concesión mientras dure el proceso penal.

El Ministerio Público recurrió al artículo 313 del Código Procesal Penal para justificar la solicitud como medida preventiva en el marco de la investigación por corrupción contra Villarán, OAS y Línea Amarilla SAC.

Presuntas irregularidades en la concesión

Uno de los aspectos más cuestionados en el contrato de Línea Amarilla fue la incorporación del Proyecto Río Verde mediante una adenda en 2013. Según la investigación fiscal:

• El proyecto reemplazó al COSAC IV sin contar con estudios técnicos previos.

• Su ejecución implicó el uso de recursos públicos sin aprobación del MEF.

• Benefició al concesionario sin prever sanciones, afectando el interés público.

Estas acciones son señaladas como indicios de manejo irregular durante la gestión de Villarán.

Reajustes tarifarios y perjuicio económico

El primer reajuste de peajes, realizado en agosto de 2013, utilizó un 100% del IPC Perú, pese a que el contrato exigía combinarlo con la variación del tipo de cambio. La empresa justificó el cambio alegando un refinanciamiento en moneda local, pero la MML no aplicó penalidades.

El perjuicio económico por el cobro indebido de tarifas y omisión de sanciones ascendió a más de S/ 20 millones, según la investigación fiscal.

Fallo internacional contra la Municipalidad de Lima

En paralelo, una corte estadounidense confirmó en junio de 2025 que la Municipalidad de Lima deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales. El proceso fue resultado de arbitrajes iniciados en 2017 tras la decisión municipal de bloquear un nuevo peaje.

El Estado peruano se ha sumado a las acciones legales para obtener información de Brookfield, actual controladora de Rutas de Lima, sobre sus vínculos con la exalcaldesa Villarán.

Estado peruano investigará nueva demanda por US$ 2700 millones

Brookfield ha iniciado además un arbitraje ante el Ciadi, exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. El abogado de la Municipalidad de Lima, Scott Nielson, ha señalado que nuevas pruebas demostrarán los vínculos de corrupción en los contratos de concesión, y que los fallos previos fueron emitidos con expedientes incompletos.