TC falló a favor del Ministerio de la Producción en caso de explotación indebida de pesca

El Tribunal Constitucional falló a favor del Ministerio de la Producción, en su demanda por 18 casos de explotación indebida de pesca, decisión que ha puesto coto a las controversiales sentencias del Poder Judicial, que obligaban a Produce a conceder permisos que atentaban contra los recursos naturales del Perú.

"El fallo genera un precedente importante porque, a medida que uno lee la resolución, deja claramente establecidos cuáles son las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Producción, en el otorgamiento de permisos, y deja claro que somos el ente encargado de administrar los recursos pesqueros”, señaló la ministra del sector, Rocío Barrios.

Entre los casos que el Tribunal Constitucional ha puesto en la mira se encuentran resoluciones de jueces vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Uno de esos jueces es Noemí Nieto Nacarino, quien concedió, el 14 de abril de 2015, una medida cautelar a favor de la empresa LSA Enterprise de Óscar Peña Ramos, conocido como el 'Rey de la Pesca Negra'.

Peña buscaba que su embarcación, Doña Licha II, capture anchoveta sin el permiso del Ministerio de la Producción. Y lo logró.

La jueza Nieto fue suspendida de sus funciones por la OCMA mientras es investigada por sus vínculos con el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. En tanto, Óscar Peña está prófugo de la justicia, tras recibir una condena de cinco años por el delito de colusión.

El fallo del TC, emitido el pasado 25 de julio, es claro en señalar que "los jueces de la República no pueden, sin que exista un previo procedimiento administrativo a cargo de Produce, otorgar directamente los permisos de pesca o los derechos de sustitución de bodega, ordenar el recálculo del límite máximo de captura por embarcación y, en general, expedir cualquier autorización, permiso o derecho que involucre o esté relacionado directa o indirectamente con la explotación de recursos hidrobiológicos”.

La resolución del Tribunal Constitucional contó con los votos de Manuel Miranda, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa.

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