Víctor Gobitz rechaza que el REINFO sea heredable en la ley MAPE

El presidente de Quilla Resources, Víctor Gobitz, criticó duramente la propuesta incluida en el predictamen de la ley MAPE, que permitiría heredar el REINFO.

En diálogo con Canal N, el expresidente de la SNMPE dijo que esto representa un “completo despropósito” jurídico y técnico, que perpetúa la informalidad y vulnera principios constitucionales.

Gobitz sostiene que el REINFO es solo un registro administrativo inicial, no un título de propiedad ni un bien transferible. Por ello, convertirlo en un documento heredable atenta contra el artículo 2 de la Constitución, que garantiza igualdad ante la ley.

La minería informal requiere trazabilidad y fiscalización

Según Gobitz, la ley MAPE debe ir más allá del registro. Propone que la norma incluya medidas concretas de fiscalización, especialmente por los riesgos inherentes a la minería subterránea, como el colapso de túneles o la contaminación ambiental.

Señaló que el proceso de formalización necesita criterios técnicos reales, con apoyo de inteligencia financiera para identificar a los beneficiarios finales y combatir el lavado de dinero. “El Estado debe vigilar toda la cadena productiva del oro”, afirmó.

Se venden registros de REINFO en redes sociales

Durante la entrevista, Gobitz también denunció que el REINFO ya se comercializa como un bien en redes sociales, lo que —según él— confirma el fracaso del sistema.

Rechazó tajantemente que se le otorgue estatus de documento transferible, y acusó al Ministerio de Energía y Minas de generar señales equivocadas al respecto.

“El Estado no puede permitir que este procedimiento incompleto se vuelva heredable. Convertirlo en un bien negociable es institucionalizar la informalidad”, alertó.

Críticas al Ejecutivo y advertencia de vínculos con la política

Gobitz no descartó que sectores políticos estén favoreciendo a la minería ilegal. Aunque aclaró que no tiene pruebas, sugirió que esta economía podría estar financiando partidos, dada la debilidad institucional y la falta de transparencia.

En ese sentido, pidió al Congreso y al Ejecutivo aprobar una ley MAPE con criterios técnicos, no populistas. “No basta con un trámite administrativo; se requiere responsabilidad real del pequeño minero”, concluyó.