Vizcarra apela prisión preventiva en audiencia ante la Sala Penal

Este jueves se desarrolló la audiencia de apelación contra la prisión preventiva impuesta al expresidente Martín Vizcarra, medida dictada el pasado 13 de agosto por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La defensa legal busca anular la resolución que lo mantiene privado de libertad, alegando vulneración de derechos fundamentales y cuestionando el sustento procesal de la medida.

Durante la sesión, Vizcarra intervino directamente ante la Sala Penal de Apelaciones y solicitó ampliar su tiempo de exposición, al considerar que cinco minutos eran insuficientes para explicar las razones por las que rechaza la prisión preventiva. “Soy yo quien está sufriendo los efectos de esta decisión”, afirmó, pidiendo al tribunal al menos diez minutos de exposición.

Cuestionamientos a la colaboración eficaz y al inicio del proceso

Vizcarra recordó que la investigación en su contra se filtró en octubre de 2020, cuando aún era presidente, hecho que —según dijo— fue determinante para su vacancia. Señaló que durante años no tuvo acceso a los acuerdos de colaboración eficaz que sustentan la acusación fiscal y que estos recién fueron entregados a su defensa semanas atrás.

El exmandatario cuestionó la validez de dichos acuerdos, en particular los de un colaborador eficaz que afronta más de 70 años de condena en otros casos, lo que, a su juicio, compromete su credibilidad. Insistió en que no existen pruebas nuevas que justifiquen el cambio de comparecencia con restricciones a prisión preventiva.

Defensa afirma que existe arraigo familiar y laboral

Vizcarra rechazó la tesis de que no tenga arraigo familiar. Explicó que vive con su esposa y sus dos hijos universitarios que dependen de él económicamente. “El acta de allanamiento de 2024 confirma que vivimos juntos”, señaló. Recordó además que cuando se solicitó por primera vez su prisión preventiva, su hijo menor aún estaba en el colegio y que hoy cursa estudios superiores.

Negó también haber incumplido reglas de conducta o interferido en el proceso judicial. Enfatizó que nunca se ha fugado ni ha desobedecido citaciones, por lo que las condiciones actuales no justifican una medida tan severa como la prisión preventiva.

Decisión queda en manos del Poder Judicial

La Sala Penal Nacional deberá resolver si confirma o revoca la medida de cinco meses de prisión preventiva, evaluando los alegatos de la defensa, los elementos aportados por la Fiscalía y el respeto a las garantías procesales durante el proceso.