El Salvador condena a pandilleros de la MS-13 a más de mil años de prisión

La justicia de El Salvador dictó condenas históricas contra 248 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), imponiendo penas que superan el milenio de prisión. Entre los sentenciados, un miembro de la organización recibió una condena de 1,335 años de cárcel, mientras que otros diez pandilleros fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 463 y los 958 años de encierro.

La Fiscalía General de la República de ese país informó que estas condenas responden a una serie de delitos cometidos entre los años 2014 y 2022. El grupo criminal fue hallado culpable de 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, además de cargos por extorsión y tráfico ilícito de drogas en diversos sectores de la provincia de La Libertad.

Acciones bajo el régimen de excepción

Estas sentencias se enmarcan en la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta medida permite a las fuerzas del orden realizar arrestos sin necesidad de una orden judicial previa.

Desde el inicio de esta estrategia, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 90,000 personas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas. Según datos oficiales, aproximadamente 8,000 detenidos fueron puestos en libertad tras determinarse que no tenían vínculos con organizaciones criminales.

Crímenes y cuestionamientos internacionales

Entre los casos específicos que sustentaron las condenas se encuentran los asesinatos de un estudiante universitario y de una futbolista, crímenes que generaron gran conmoción en la sociedad salvadoreña. La Fiscalía detalló que los pandilleros utilizaban "bases" en zonas estratégicas para planificar sus ataques y extorsionar a dueños de negocios bajo amenazas de muerte.

A pesar de que la administración de Bukele resalta una reducción histórica en la tasa de homicidios, diversos organismos de derechos humanos han expresado su preocupación. Organizaciones no gubernamentales denuncian presuntos abusos de autoridad y reportan la muerte de 454 personas dentro de los centros penitenciarios desde el inicio del régimen de excepción en 2022.