Policía destruye campamento de minería ilegal en selva de Huánuco

Un campamento de minería ilegal fue intervenido y desmantelado por la Policía del Medio Ambiente en el distrito de Puerto Inca, región Huánuco. La actividad ilícita implicaba la deforestación de 20 hectáreas de selva para la instalación de maquinaria pesada y la operación de pozas contaminadas con químicos usados en la extracción de oro.

El operativo, denominado Perla Dorado 2025, permitió identificar con drones tres pozas artificiales llenas de agua contaminada. Estos residuos eran vertidos directamente al río Pachitea mediante un sistema de bombeo, afectando el ecosistema acuático y la salud ambiental del área.

Huánuco: ¿Qué equipos fueron destruidos en el operativo?

Durante la intervención, se procedió a la destrucción de una excavadora, bombas de succión, galones con combustible, motores y diversos equipos empleados en la actividad minera ilegal. Las autoridades señalaron que la eliminación de estos materiales es parte del protocolo para impedir su reutilización.

La zona, que había sido transformada en un asentamiento minero, representaba un riesgo ambiental severo debido a la contaminación con químicos peligrosos. Además del daño al medio ambiente, esta operación ilegal representaba una infracción grave contra las normativas forestales y de protección de recursos hídricos.

Según el reporte de la Policía del Medio Ambiente, los mineros ilegales sufrieron una pérdida económica estimada en 3 millones 537 mil soles, como consecuencia directa de la intervención y destrucción del campamento.

¿Qué implicancias tiene este operativo en Puerto Inca?

La intervención forma parte de los esfuerzos del Estado por frenar el avance de la minería ilegal en zonas de alta vulnerabilidad ecológica como Puerto Inca. Estas acciones buscan proteger los bosques amazónicos, las fuentes hídricas y la biodiversidad que se ve amenazada por la expansión de actividades extractivas no reguladas.

Asimismo, las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con operativos similares en la región y reforzar la presencia del Estado en zonas donde la minería ilegal persiste, muchas veces vinculada a otros delitos ambientales y económicos.

Los resultados de este operativo también sirven como advertencia a quienes participan de esta actividad, señalando que se perseguirá penal y administrativamente a los responsables.