Abogado de Nicanor Boluarte: “Allanamiento es un abuso fiscal”

El Ministerio Público allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en San Borja. La intervención se realizó en la madrugada del martes como parte del operativo Ícaro, vinculado a una denuncia fiscal por presunto favorecimiento ilícito, cobros indebidos y encubrimiento.

La diligencia fue ejecutada por fiscales anticorrupción junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en simultáneo con otras intervenciones en inmuebles de Lima vinculados al mismo caso.

Allanamiento a Nicanor Boluarte fue calificado como un “abuso”

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, acudió a la vivienda intervenida y declaró ante la prensa que el allanamiento representa un “abuso más de la Fiscalía”. El letrado sostuvo que su defendido no ha sido notificado previamente y que no ha recibido citación alguna para declarar.

“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día”, señaló Vivanco.

Cuestionó el procedimiento indicando que “si tienes un caso, lo primero que haces es citar a la persona para preguntarle sobre los hechos”, y reiteró que nunca fueron informados de este proceso.

Investigación incluye delitos de corrupción y vínculos con operativos mineros

La Fiscalía imputa a Nicanor Boluarte cuatro presuntos delitos: favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos, favorecimiento ilícito a la mina El Dorado, y encubrimiento de pruebas.

El abogado Luis Vivanco rechazó que su cliente tenga relación alguna con la empresa minera El Dorado, con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, o con el general en retiro Percy Tenorio, también investigado en este caso.

Operativo Ícaro incluye otras locaciones y presunto uso irregular de operativos policiales

Las acciones fiscales también alcanzaron una oficina en San Isidro, presuntamente vinculada a Percy Tenorio. Según las investigaciones, entre agosto y septiembre de 2024, los propietarios de la mina El Dorado habrían buscado recuperar terrenos sin autorización legal, impulsando un operativo policial en coordinación con autoridades del Ejecutivo.

Estas intervenciones habrían tenido como finalidad favorecer intereses privados mediante el uso de recursos públicos. La Fiscalía continúa con la recopilación de evidencias dentro del operativo Ícaro.