AGAP: nueva ley agraria beneficia a todo sector agrario peruano

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), aclaró que la nueva ley agraria aprobada por el Congreso no es exclusiva para las grandes empresas agroexportadoras.

“No es una ley para las agroexportadoras ni para las grandes agroexportadoras. Es una ley para todo el sector agrario, la parte agrícola, pecuaria, la agroexportación y la agroindustria de todo tamaño”, afirmó.

Frente a las críticas que señalan que se trata de una norma favorable a un grupo reducido, Amaro sostuvo: “Eso que quieren solamente decir que es para las agroexportadoras y para 15 o 12 que están diciendo, es mentira. Es para todo el sector agrario”.

Justificación de los beneficios tributarios para el agro

Respecto a la reducción del impuesto a la renta del 29.5 % al 15 %, Amaro explicó que se trata de una medida de política pública orientada a todo el sistema agropecuario. “El sector agrario en todas partes del mundo es considerado estratégico y esencial, y tiene marcos jurídicos diferenciados”, indicó.

Sostuvo que entre los años 2000 y 2020, la aplicación de un régimen tributario especial generó crecimiento económico y empleo: “Se vio una evolución, una modernización, una atracción de inversiones y generación de empleo sobre todo en zonas rurales”.

Añadió que tras la derogatoria de ese marco legal en 2020, “hemos visto que ha aumentado la informalidad, ha disminuido el empleo, se han paralizado las inversiones”.

En otros países, el agro recibe subsidios directos

Amaro señaló que el nuevo régimen es un instrumento de competitividad necesario frente a las políticas que adoptan otros países. “En Estados Unidos o Europa tienen subsidios directos las empresas agrarias y toda la actividad agraria. En el Perú no fue así”, remarcó.

Indicó además que la ley es más inclusiva que la anterior. “Hoy en día esta ley es mucho mejor que la anterior porque es mucho más social. Inclusive incorporó una serie de elementos para incorporar de manera más acelerada la pequeña agricultura, cosa que no tenía la anterior”, explicó.

Críticas al MEF y al IPE: “Análisis sesgado”

Frente a los informes del Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Amaro fue enfático: “Cuando uno tiene un análisis sesgado e incumple incluso en este tipo el informe del MEF, dicho por los propios ministros actuales y los anteriores de Economía… ese informe tiene serios cuestionamientos internos del gobierno”.

Afirmó que dichos estudios no tomaron en cuenta los efectos positivos del régimen anterior: “Se ha olvidado de todo el análisis del beneficio de la ley de promoción agraria. Esa parte del análisis no lo consideró”.

Sobre los supuestos S/ 20 mil millones en pérdidas fiscales

Gabriel Amaro negó que el costo fiscal de la ley sea una pérdida para el Estado. “Por poner como ejemplo: en el año 2000 se pagaba en el sector agrario un 30 % de renta… no se exportaba más de 700 u 800 millones de dólares. Al 2020 que se derogó la ley, ya se exportaba diez mil millones de dólares con 15 % de renta”.

Sostuvo que reducir la tasa impositiva fue una inversión: “No se puede medir que hoy restas 15 % al 30 % que pagas y dices: dejo de ganar. Al contrario, es una inversión que tiene el Estado para generar mayor renta en el futuro”.

El impacto esperado: inversión, empleo y formalización

Finalmente, Amaro aseguró que la nueva ley permitirá dinamizar el agro peruano y reducir la informalidad. “Esto lo que va a hacer, esta nueva ley, es un nuevo impulso durante diez años para atraer inversión, generar más empleo, volver a atender estas regiones completas, impulsar la mejora social en las zonas rurales que necesitan inversión y empleo”.

Criticó que se haya detenido el crecimiento del sector por razones políticas. “En los últimos cinco años se ha informalizado, se han perdido inversiones y se ha paralizado la generación de nuevos empleos hoy en día en el sector agrario”, afirmó.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP, defendió la nueva ley agraria aprobada por el Congreso, asegurando que no se trata de un beneficio exclusivo para grandes agroexportadoras, sino de una norma que busca reactivar todo el sector agrario peruano.

Según sostuvo, el régimen anterior permitió una modernización del agro, con crecimiento sostenido en exportaciones, empleo e inversiones. La nueva ley plantea una reducción del impuesto a la renta del 29.5 % al 15 % para empresas de todos los tamaños, con beneficios adicionales para pequeños productores.

Amaro cuestionó duramente los estudios del IPE y el MEF, calificándolos de incompletos y sesgados. Afirmó que no existe un costo fiscal negativo, sino una inversión con alto retorno social y económico. Destacó que esta norma será clave para recuperar la formalidad, atraer inversiones y generar empleo en zonas rurales durante los próximos diez años.