Andrés Hurtado: PJ declaró infundada la apelación de ‘Chibolín’

El Poder Judicial confirmó la medida de prisión preventiva por nueve meses contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias. La decisión fue tomada luego de que el tribunal declarara infundado el recurso de apelación presentado por su defensa.

Con esta resolución, Hurtado continuará recluido en el penal de Lurigancho mientras avanza el proceso en su contra. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho, quien renunció a su nacionalidad peruana en 2019 para poder jugar en China.

Detalles del caso que involucra a ‘Chibolín’

La Fiscalía sostiene que Andrés Hurtado habría influenciado de manera indebida a funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones para agilizar la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucco. En esta operación también estaría implicada la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila.

El Ministerio Público ha señalado que existen indicios de que Hurtado actuó como intermediario en el proceso administrativo, aprovechando su cercanía con Del Águila. La Fiscalía considera que esta conducta se encuadra en el delito de tráfico de influencias.

El caso fue tomado por la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, que logró una primera orden de prisión preventiva por 18 meses. Ahora, con esta segunda orden por nueve meses, la situación legal del exconductor se agrava.

Relación con Roberto Siucho y chats obtenidos

Según un informe de Cuarto Poder difundido en noviembre de 2024, se hallaron registros de conversaciones entre Andrés Hurtado y Roberto Siucho. Los chats, extraídos de un celular y hoy en manos de la Fiscalía, contienen mensajes de voz, llamadas perdidas y textos donde se evidencia una comunicación fluida entre ambos.

La relación entre Hurtado y Siucho, descrita como la de “tío e hijo”, habría sido clave en el proceso para gestionar el trámite migratorio. En los mensajes se menciona también a la exjefa de Migraciones, lo que para los investigadores refuerza la hipótesis de una intervención directa.

Este material, contenido en el expediente del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, forma parte de los elementos de convicción presentados para sustentar la prisión preventiva.

Petición de reparación civil por parte del Estado

A inicios de enero de este año, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que Andrés Hurtado pague una reparación civil de S/ 6 millones de manera solidaria. La propuesta también alcanza a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, así como a los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho.

La solicitud fue presentada como parte del pedido para que la Procuraduría sea reconocida como actor civil en la investigación preparatoria. Si el juez supremo Juan Carlos Checkley acepta esta petición, la entidad podrá reclamar el pago en caso de una eventual condena.

La audiencia virtual sobre esta solicitud fue convocada para el 7 de enero, y se espera que la decisión determine si el Estado se constituye formalmente como parte agraviada.

Argumentos del Poder Judicial para mantener la prisión

En su resolución, el tribunal consideró que existían suficientes elementos que justificaban la medida de prisión preventiva. Se tomó en cuenta el riesgo procesal y la posibilidad de obstaculización de la investigación. Además, se argumentó que los hechos investigados revisten gravedad.

La defensa de Hurtado había solicitado la variación de la medida a comparecencia, pero el tribunal declaró infundado el recurso. De esta manera, el exconductor continuará recluido en el penal de Lurigancho, donde cumple la medida desde diciembre de 2024.

La decisión judicial fue adoptada en línea con el pedido de la Fiscalía, que consideró insuficientes las garantías ofrecidas por la defensa para asegurar la presencia del investigado en el proceso.

Posible implicancia de Roxana del Águila

Roxana del Águila, exsuperintendenta nacional de Migraciones, también es investigada en este caso. Según la tesis fiscal, habría intervenido en el procedimiento de renuncia a la nacionalidad de Siucho por pedido de Hurtado, con quien mantenía una relación de cercanía pública y notoria.

El rol de Del Águila es considerado relevante por la Fiscalía, que investiga si utilizó su posición institucional para beneficiar al deportista y facilitar los trámites fuera del marco regular. De comprobarse, su participación podría configurar delitos de corrupción agravada.

La implicación de una alta funcionaria fortalece la tesis del Ministerio Público sobre el uso de redes de poder informal en instituciones públicas.

Implicancias legales de la prisión preventiva

La confirmación de la prisión preventiva implica que Hurtado enfrentará la etapa de investigación preparatoria desde el penal. Esta condición limita sus posibilidades de defensa directa, aunque mantiene el derecho a presentar pruebas, declaraciones y recursos legales.

Si bien la medida no constituye una condena, sí refleja la gravedad de los indicios recabados. El proceso continúa bajo supervisión judicial, con audiencias periódicas y plazos establecidos.

Dependiendo de los resultados de la investigación, el caso podría derivar en una acusación formal ante el Poder Judicial y un eventual juicio oral.