Benji Espinoza: Aportantes a Ciro Castillo podrían ser caso de colusión

El abogado penalista Benji Espinoza señaló que los contratos otorgados por el Gobierno Regional del Callao a personas que previamente aportaron a la campaña electoral de Ciro Castillo podrían justificar la apertura de una investigación penal por colusión.

Según un reportaje periodístico, el 65% de los aportantes de campaña figuran luego como contratistas de la región, algunos sin experiencia previa y con montos de hasta S/ 480,000.

Espinoza explicó en entrevista con Canal N que esta situación configura, al menos, indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie diligencias preliminares por los delitos de colusión y, alternativamente, aprovechamiento indebido del cargo.

Contratos a aportantes podrían ser direccionados

El abogado explicó que, en la colusión, el elemento clave es el direccionamiento: la existencia de contratos que ya tenían un adjudicatario predeterminado.

Si se demuestra que los funcionarios del Gobierno Regional del Callao facilitaron contratos a exaportantes de campaña sin procesos regulares, se estaría ante uno de los delitos más graves contra la administración pública.

Espinoza detalló que la colusión simple se sanciona con entre 3 y 6 años de prisión, pero si hay perjuicio económico al Estado, la pena se eleva hasta 15 años. En caso de organización criminal, puede llegar a 20 años.

También se consideraría el delito de aprovechamiento indebido del cargo, si se prueba que funcionarios se interesaron directamente en los procesos de contratación para beneficiar a estas personas. Este delito tiene una pena de 4 a 6 años.

Testimonios y vínculos personales como elementos de prueba

Entre los indicios relevantes mencionados por Espinoza está el testimonio de una expersonera de campaña, quien declaró que Ciro Castillo le ofreció empleo en la región como retribución.

Además, se reporta que algunos proveedores habrían creado sus empresas en el mismo año de las contrataciones y no tendrían antecedentes de trabajo con el Estado.

Espinoza recalcó que cada contrato deberá analizarse por separado para verificar si se cometieron irregularidades o direccionamientos. Si se suman hechos como la falta de experiencia, la relación directa con la campaña y montos elevados, el conjunto podría configurar un caso de colusión.

El especialista también indicó que el Consejo Regional del Callao podría evaluar una eventual vacancia de Ciro Castillo si se acumulan suficientes indicios. Esto dependerá del equilibrio político dentro del consejo.

Además, se conoció que el hijo del gobernador, Antonio Castillo, estaría vinculado a una campaña en la que también se habrían utilizado proveedores y personal vinculados al Gobierno Regional, lo cual podría derivar en nuevas indagaciones.

Caso INPE: tráfico de influencias

Espinoza se pronunció también sobre los audios que implican al abogado Iván Paredes, quien habría ofrecido la liberación de un ex policía procesado por secuestro agravado a cambio de S/ 80,000. De confirmarse, se trataría de un caso de tráfico de influencias.

El penalista precisó que los audios solo tendrían valor probatorio si se verifica que la voz corresponde a Paredes mediante una pericia fonética y que la grabación no ha sido manipulada.

Recordó que los abogados solo pueden prometer defensa técnica, no resultados, y que ofrecer influencias ante jueces o fiscales constituye delito.