Caparrós: Creación de SUNIR no resolverá crisis del INPE ni reducirá hacinamiento

La propuesta del Ejecutivo para reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario con la Superintendencia Nacional de Internamiento (SUNIR) fue criticada por Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, quien considera que la medida no resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario peruano.

En diálogo con canal N , afirmó que crear una nueva superintendencia no es una solución prioritaria, pues los principales obstáculos del INPE están relacionados con la falta de presupuesto, voluntad política y ejecución efectiva de recursos.

Según explicó, los fondos solicitados por el INPE en años anteriores han sido recortados por el Ministerio de Economía, lo que impide desarrollar reformas sostenibles.

El exjefe del INPE también señaló que el cambio institucional no necesariamente implicará mejoras. “El INPE ya es un organismo público, y la SUNIR lo sería también. El cambio de nombre y estructura no garantiza mayor eficiencia”, comentó.

Riesgos al incluir centros juveniles en la nueva entidad

Una de las propuestas más controvertidas es la inclusión del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONASEJ) dentro de la futura SUNIR.

Caparrós advirtió que fusionar una institución emergente y con enfoque formativo con un sistema penitenciario adulto y colapsado puede generar “contaminación institucional”.

“El tratamiento de jóvenes infractores debe mantenerse separado del régimen adulto. No se puede aplicar la misma lógica de dureza a poblaciones tan distintas”, expresó, señalando que los centros juveniles podrían servir como espacios experimentales para implementar políticas de resocialización más efectivas.

Medidas inmediatas para enfrentar el hacinamiento y la corrupción

Para Caparrós, el Ejecutivo debería priorizar acciones urgentes como la implementación del uso de grilletes electrónicos. Detalló que esta medida podría permitir el deshacinamiento de penales al trasladar a personas con sentencias leves o prisión preventiva a sus domicilios con monitoreo tecnológico.

El exfuncionario propuso además que el control de los grilletes pase de manos del INPE a la Policía Nacional, por ser la entidad con atribuciones para intervenir en la vía pública.

“Con una inversión inicial y coordinación judicial, se podría liberar a dos mil personas de penales hacinados, lo que representaría un ahorro de hasta 600 millones de soles”, estimó.

Limitaciones legales del polígrafo en el INPE

Respecto al uso voluntario del polígrafo para personal penitenciario, Caparrós indicó que esta medida no tiene respaldo legal en Perú y no puede usarse como criterio para despidos o reubicaciones.

Consideró que, sin un marco normativo específico, su aplicación resulta simbólica y de efecto más mediático que práctico.