Candia: Informalidad impide controlar a conductores en Lima

Pese a los anuncios del Ministerio de Transportes sobre una operación regular del servicio público, el paro parcial convocado por transportistas dejó este jueves miles de ciudadanos varados en distintas zonas de Lima.

En diálogo con Canal N, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, explicó que la informalidad del sistema impide cualquier control real sobre los conductores

El Ministerio de Transportes había señalado que el 80 % de las unidades afiliadas a gremios formales saldría a operar, pero la realidad en las calles mostró una significativa reducción del servicio.

En varias rutas no pasaban buses ni cústeres, lo que provocó extensas esperas y dificultades para miles de usuarios. El Ejecutivo solicitó a los empleadores otorgar hasta dos horas de tolerancia por los retrasos generados.

Desorden estructural en el sistema de transporte público

Según Luz Ámbar, la raíz del problema está en la estructura empresarial del transporte convencional, donde los gerentes o dueños de empresas no son propietarios de los vehículos que operan.

Esto impide cualquier vínculo laboral con los conductores, que toman decisiones autónomas, como adherirse o no a los paros.

El especialista recordó que este modelo lleva vigente desde la década de 1990 y agrupa a 385 empresas en Lima. De estas, menos del 5 % cuenta con unidades propias. Esta estructura fragmentada anula la capacidad de los gremios de garantizar el cumplimiento de acuerdos con el Ejecutivo.

Incumplimiento de la Ley del Sistema Integrado de Transporte

La Ley N.º 30900, promulgada en 2018, estableció condiciones para integrar el sistema de transporte público, como la propiedad vehicular, vínculo laboral, recaudo electrónico y control GPS.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos requisitos ha sido implementado de manera generalizada, según denunció Quispe Candia.

La falta de cumplimiento también impide que el transporte público pueda ser subsidiado, como ocurre con la Línea 1 del Metro de Lima. “No se puede subsidiar a empresas que no cumplen condiciones básicas”, advirtió.

Propuesta de renovación masiva de la flota vehicular

Como solución, la ONG propone que el Estado y empresas privadas adquieran entre 10,000 y 12,000 buses mediante una Asociación Público Privada (APP). Esta renovación permitiría retirar unidades antiguas y establecer vínculos laborales con más de 30,000 conductores.

El costo estimado para esta modernización sería de 1,800 millones de dólares si se usan buses a gas natural y 2,600 millones si se opta por buses eléctricos. “Es una inversión viable que el Estado ya ha desembolsado en otros sectores”, señaló Quispe Candia.

Seguridad y tecnología, otro vacío estructural

Además del transporte, la entrevista abordó el problema de la seguridad ciudadana. El jefe de la región policial Lima Centro, Felipe Monroy, desplegó 2,400 efectivos para evitar incidentes durante el paro. Sin embargo, usuarios cuestionaron que esa presencia policial no exista en el día a día.

Quispe Candia subrayó la necesidad de implementar tecnología como cámaras inteligentes conectadas con comisarías para el monitoreo en tiempo real. Puso como ejemplo a ciudades como Panamá o Santiago de Chile, donde se reduce la presencia policial física gracias al uso de sistemas inteligentes de vigilancia.

Finalmente, el representante de Luz Ámbar estimó que el transporte público en Lima y Callao moviliza unos 20 millones de viajes diarios. Multiplicando incluso por una tarifa mínima, las pérdidas por paralizaciones pueden superar los 60 millones de soles diarios, afectando tanto a las empresas como a la economía familiar.