Capeco: No está funcionando la gestión pública de manera adecuada

Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, informó que existen más de 2,500 obras paralizadas en el país, de las cuales 1,846 pertenecen a gobiernos locales, principalmente municipalidades.  

Estas cifras provienen de la Contraloría General de la República y reflejan problemas serios de ejecución que afectan directamente a comunidades que necesitan agua, veredas, pistas y espacios públicos. 

Las regiones más golpeadas por esta situación son Cusco, Puno y Lima, donde cientos de proyectos están detenidos, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a infraestructura básica. 

En diálogo con Canal N, Guido Valdivia señala que no basta con más presupuesto si no se fortalecen antes las capacidades técnicas.  

Actualmente, se debate una ley para aumentar en 2% el Fondo Común que reciben los municipios a través del Impuesto de Promoción Municipal (ICBF), con el argumento de mejorar servicios esenciales. 

Sin embargo, advierte que esto podría duplicar los problemas, ya que no existen mecanismos de control suficientes, especialmente en los más de 1,800 municipios del país. “Hay buenas intenciones, pero sin una estrategia de supervisión clara, el riesgo es alto”, dijo. 

¿Por qué se paralizan tantas obras? 

Las causas son diversas, pero Valdivia identifica tres principales: expedientes mal elaborados, conflictos en la ejecución que terminan en arbitrajes, y falta de financiamiento o coordinación presupuestal. Además, en muchos casos los funcionarios prefieren no continuar las obras por miedo a enfrentar responsabilidades legales. 

La situación refleja una grave debilidad del Estado en su capacidad para gestionar, contratar y ejecutar proyectos públicos, lo que se traduce en promesas incumplidas y frustración en la población.

¿Qué responsabilidad tienen las municipalidades? 

Capeco advierte que más del 55% de las obras paralizadas fueron ejecutadas directamente por municipalidades bajo la modalidad de administración directa. En estos casos, los municipios usan su propio personal técnico, lo que ha demostrado ser altamente ineficiente. 

Valdivia propone que los colegios profesionales asuman un rol de supervisión similar al que ya tienen en obras privadas. Estos gremios podrían verificar si hay profesionales responsables, revisar los expedientes técnicos y supervisar la ejecución. 

¿Hay suficientes técnicos para fiscalizar estas obras? 

El MEF ha señalado que existen 490 gerentes públicos y que se sumarán 100 más en 2026. No obstante, Valdivia considera que este personal no es suficiente ni está distribuido en zonas donde se requieren obras.

En su lugar, propone incluirlos en los comités especiales de contratación y confiar en las redes técnicas de colegios profesionales ya establecidos en provincias. 

Valdivia asegura que dinero hay, pero no se ejecuta bien. Cada año, entre 15 y 19 mil millones de soles del presupuesto de obras públicas no se gastan. Esto alimenta el descontento social y reduce la credibilidad del Estado. “Tenemos recursos, pero no organización”, concluyó.