Caso Nicanor Boluarte: Santiváñez señalado como “hombre clave”

La directora de Cuarto Poder, Vicky Zamora, confirmó que los allanamientos realizados a la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja y a diversas oficinas forman parte de un nuevo caso, independiente de la investigación por los "Waykis en la sombra".

En diálogo con Canal N, la investigación inició en marzo de 2025 y desde entonces la Fiscalía ha reunido documentos y testimonios que dan sustento a una presunta organización criminal liderada por Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y entonces ministro del Interior.

El rol de Santibáñez como “hombre clave”

La investigación fiscal ubica a Santiváñez como el “hombre clave” en esta red. Se le atribuye la capacidad de modificar procesos administrativos y coordinar operativos policiales para favorecer a terceros.

Entre los implicados aparecen personajes como Percy Tenorio, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Franco Parodi y el propio Nicanor Boluarte, identificado bajo el alias de “el hermanísimo”.

Primer hecho: contratos para defensas policiales

Uno de los primeros hechos investigados es la presunta modificación de términos de referencia en la Defensoría de la Policía para favorecer a Percy Tenorio.

De acuerdo con la tesis fiscal, Santibáñez habría facilitado cambios en los requisitos para que Tenorio pudiera acceder a la defensa de policías investigados por las muertes en las protestas de diciembre de 2022.

Cada defensa estaba valorizada en 200 mil soles, sumando un total de un millón de soles. Esta maniobra habría buscado retribuir a Tenorio, quien anteriormente habría custodiado documentos sensibles de Santibáñez.

Marco Palacios, la “bisagra” en la red

Según Zamora, para evitar una comunicación directa entre Santibáñez y Tenorio, se utilizó a Marco Palacios como intermediario o “bisagra”. Palacios transmitía los mensajes y coordinaciones entre ambos, con el fin de no dejar registro de contacto directo entre el ministro y el abogado.

Segundo hecho: la mina El Dorado

El caso también involucra a la minera El Dorado, propietaria de las concesiones Agripina I y II en Ayacucho. Según la investigación, Percy Tenorio habría sostenido reuniones con el empresario Franco Parodi en su oficina de San Isidro, donde se planteó la ejecución de un operativo policial disfrazado como intervención ambiental para recuperar la posesión de los terrenos.

En este contexto, se habrían pactado dos pagos: 60 mil dólares para una primera inspección en agosto-septiembre de 2024 y 100 mil dólares adicionales para ejecutar el operativo en diciembre del mismo año. En total, se habla de un soborno de 160 mil dólares.

Operativos policiales en Ayacucho

Los allanamientos incluyeron la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, donde la Fiscalía busca documentos que habrían permitido a la empresa continuar con la exploración. El operativo policial se concretó en diciembre de 2024 con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía.

La participación de Nicanor Boluarte

Según la tesis fiscal, la presidenta Dina Boluarte habría pedido a Santibáñez que ayude a su hermano a obtener arraigo laboral, lo que derivó en reuniones de Nicanor en el estudio de Percy Tenorio en San Isidro. Hay siete registros en video de su llegada a dichas oficinas.

La Fiscalía sostiene que se buscaba generar una relación contractual con la empresa minera para que Nicanor aparezca como consultor, reforzando su situación procesal y evitando una prisión preventiva.

Nuevos personajes y corroboraciones

La investigación también menciona a Yesenia de la Cruz, cercana a Santibáñez, y destaca que varios testigos han entregado audios, documentos y videos que refuerzan la hipótesis de la red criminal. Zamora subrayó que Cuarto Poder reveló meses atrás que Percy Tenorio custodiaba documentos de Santibáñez, lo que evidencia la cercanía entre ambos.

Finalmente, Zamora recordó que no es la primera vez que Santiváñez es señalado por cobros indebidos. Testigos ya habían relatado en informes previos que, como abogado, habría solicitado pagos irregulares a clientes. La Fiscalía deberá determinar si este comportamiento constituye un patrón en su carrera.